Karina Barrón impulsa sanciones de 15 años contra jueces que dañen a la niñez

CDMX a 2 de abril, 2024.- En un momento de crucial atención a los derechos de la infancia, la diputada Karina Barrón Perales del PRI ha dado un paso al frente con una propuesta legislativa que busca reformar el panorama actual de la justicia, centrando su atención en los menores de edad. La iniciativa plantea imponer sanciones administrativas de hasta 15 años a aquellos jueces y servidores públicos del Poder Judicial que actúen en detrimento de los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes.

Este movimiento legislativo propone adiciones significativas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en los artículos 7, fracción XIV; 64 Quáter y un párrafo tercero al artículo 78. El objetivo es claro: endurecer las penas contra aquellos que, desde posiciones de poder judicial, fallen en su deber de proteger a la población infantil, guiándose siempre por principios de legalidad, objetividad, profesionalismo e imparcialidad.

Barrón Perales argumenta que estas medidas son indispensables para garantizar que el Poder Judicial actúe siempre en favor de la protección de los menores, especialmente en casos donde se vean comprometidos sus derechos. Subraya la importancia de adaptar las leyes para asegurar que los servidores públicos cumplan con sus responsabilidades, especialmente cuando de la niñez se trata.

La iniciativa de la diputada responde a un llamado por una justicia más comprometida con el interés superior de los niños y adolescentes, exigiendo que todas las autoridades, ya sean jurisdiccionales, administrativas o legislativas, pongan el bienestar de los menores por delante de cualquier otra consideración.

Este planteamiento legislativo emerge en un contexto donde la sociedad demanda mayores garantías de protección para los más vulnerables. La propuesta de Barrón Perales no solo busca castigar, sino también prevenir conductas que puedan perjudicar el desarrollo y bienestar de la niñez, marcando un antes y un después en la forma en que se administra justicia en casos que los afecten directamente.