La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia presentó iniciativa para que sea reconocida la discriminación laboral por embarazo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La legisladora por Morena detalló que se propone reformar el artículo 10 de dicho marco normativo con la finalidad de actualizar el actual concepto de violencia laboral y reconocer que esta manifestación de violencia en razón de género, también se puede ejercer cuando por algún acto u omisión se daña el embarazo del bebé de la víctima.
De igual forma, se plantea adicionar un artículo 11 Bis para reconocer y definir a la discriminación laboral por embarazo como toda distinción, exclusión o restricción en contra de una mujer, en razón del embarazo, que vulnera sus derechos o de su bebé.
Asimismo, se promueve a través de una reforma a la fracción III del artículo 14 de la Ley, que los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deben promover y difundir entre la población que la discriminación por embarazo es un delito, igual que el hostigamiento y el acoso sexual.
Además, se propone que se proporcione atención médica, psicológica, legal, especializada y gratuita, así como servicios de salud mental, a quien sea víctima de hostigamiento, acoso sexual o discriminación por embarazo, e implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador, acosador o discriminador cuando sean omisos en recibir y dar curso a una queja.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se conoce que 2 de cada 10 han sufrido de esta modalidad de violencia durante el último año.
De manera particular, resalta que el 21.7 por ciento de las mujeres ha manifestado haber vivido alguna situación de discriminación laboral durante el último año, ya que entre los casos comentados al 4 por ciento de todas las mujeres se le pidió una prueba de embarazo como requisito para trabajar o poder continuar en su empleo, mientras que al 0.6 por ciento la discriminaron por embarazarse, las despidieron, no renovaron su contrato o les bajaron el sueldo.
Incluso, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), ha declarado que las quejas de discriminación laboral por embarazo representan una de las cinco quejas más recurrentes que se presentan en México. Sobre el ámbito en el que ocurren, el 88 por ciento de estas quejas ocurren en el sector privado, mientras que el 12 por ciento restante se han presenciado en el sector público.
En conferencia de prensa, Vences Valencia denunció que las mujeres embarazadas se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad al ejercer un empleo, ya que los empleadores consideran que están en una situación de desventaja para realizar sus actividades, que existe una falta de compromiso de su parte o que tienen menos tiempo para continuar con sus labores.
“Los elementos que influyen en la decisión de un empleador se pueden hacer presentes durante las fases previas a la contratación, durante el ejercicio del cargo y en el término de la relación laboral afectando a trabajadoras de todos los sectores económicos”, precisó.
Explicó que la discriminación laboral por embarazo se manifiesta por medio de conductas como el hostigamiento laboral, la negación de ascenso, la disminución de salarios, la aplicación de cambio de horarios sin el consentimiento de las trabajadoras, la negación de permisos para ir al baño o sentarse, incluso la realización de labores físicamente difíciles que ponen en riesgo su salud y la vida de las mujeres, así como de su hija o hijo.
“El embarazo, que debería ser considerado como el estado más bello y puro por el que atraviesan las mujeres, se ha convertido en un acto de discriminación y de violencia laboral que las afecta en el día a día”, dijo. Finalmente, Vences Valencia exigió: “¡No más una mujer discriminada por el hecho de estar embarazada!”.