Juez concede libertad condicional a Gilda Lozoya por caso Agronitrogenados

Por Juan Pablo Ojeda

Una jueza de control federal otorgó el beneficio de la libertad condicional a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. La imputada enfrenta una investigación formal por su presunta coautoría en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con la adquisición fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados. La resolución judicial modifica su situación jurídica inmediata, permitiéndole abandonar el reclusorio para dar seguimiento a las etapas procesales correspondientes en libertad.

El criterio técnico de la juzgadora determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó los elementos probatorios idóneos ni cuantitativos para justificar la necesidad de la prisión preventiva justificada, al no acreditarse un riesgo de sustracción de la justicia. En consecuencia, el tribunal de enjuiciamiento ordenó el cumplimiento inmediato de cuatro medidas cautelares: la entrega física de su pasaporte, la colocación de un brazalete electrónico de geolocalización, la prohibición absoluta de abandonar el territorio nacional y la comparecencia periódica ante la unidad de medidas cautelares.

La captura de Lozoya Austin se ejecutó recientemente en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras concluir una secuencia de amparos y recursos legales que la mantuvieron fuera del alcance de las autoridades ministeriales durante varios años. Los ministerios públicos federales sostienen la hipótesis de que la indiciada operó de manera material como prestanombres de su hermano, facilitando la canalización de flujos financieros a través de empresas fachadas de origen transnacional.

La defensa técnica de la acusada desestimó los señalamientos de la FGR, argumentando que no existen bases contables ni corporativas que demuestren la participación activa de su representada en el entramado delictivo. La contabilidad forense de la Fiscalía detalla que cuentas bancarias vinculadas a empresas offshore captaron recursos financieros provenientes de supuestos sobornos corporativos, los cuales se destinaron posteriormente a la compra de activos inmobiliarios. El caso penal entra ahora a la fase de vinculación a proceso, donde se valorará la suficiencia de los datos de prueba recabados.