CDMX a 6 de octubre, 2024.- La diputada María Isidra De la Luz Rivas, del Partido del Trabajo (PT), ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General de Educación con el objetivo de preparar a los estudiantes de nivel básico para enfrentar los riesgos asociados con desastres naturales y el cambio climático. La propuesta busca agregar una fracción al artículo 9° de dicha ley, con el fin de que las autoridades educativas celebren convenios de colaboración interinstitucional con dependencias de la Administración Pública, a fin de desarrollar programas de capacitación y sensibilización en temas medioambientales para niños y niñas.
La legisladora subrayó que las generaciones futuras enfrentan un escenario crítico debido a los efectos del cambio climático, como el aumento de la temperatura en los océanos y en la superficie terrestre, huracanes más intensos, sequías prolongadas y escasez de agua. Ante este panorama, consideró esencial que los estudiantes reciban una educación robusta sobre los impactos climáticos y cómo adaptarse a ellos, fortaleciendo su resiliencia desde una edad temprana.
En su iniciativa, De la Luz Rivas señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya ha distribuido libros de texto gratuitos sobre crisis ambiental en el ciclo escolar 2023-2024. Sin embargo, destacó que el cambio de hábitos de los estudiantes ha sido limitado, por lo que sugirió complementar la educación con actividades prácticas que incluyan la plantación de árboles, la separación de residuos y el ahorro de energía.
La diputada argumentó que, si bien los maestros realizan grandes esfuerzos para enseñar temas medioambientales, estos no son suficientes por sí solos. Por ello, propone que las secretarías de Estado sumen esfuerzos con los educadores para desarrollar programas que proporcionen a los estudiantes una comprensión más profunda sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y prepararse para las consecuencias del cambio climático.
Además, recalcó que esta iniciativa no tendría un impacto presupuestal, ya que las obligaciones derivadas de la propuesta se cubrirían con los presupuestos ya aprobados para cada ejercicio fiscal. De este modo, el Estado podría aprovechar los programas federales existentes para ampliar el conocimiento ambiental en las aulas sin costos adicionales.
La propuesta será analizada por la Comisión de Educación, y de ser aprobada, contribuiría a la creación de una generación más consciente y capacitada para enfrentar los desafíos climáticos que impactarán en su futuro y en el del país.