El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una acusación penal en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales y municipales por presunta colaboración con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa. El expediente judicial S9 23 Cr. 180 (KPF) identifica una estructura financiera diseñada para el trasiego de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

La evidencia central radica en la denominada «narconómina», una serie de listas manuscritas que registran sobornos mensuales entregados a mandos de seguridad y procuración de justicia. Según el documento, un «jefe de plaza» en Culiacán coordinaba la entrega de cajas con efectivo, donde se desglosaban pagos específicos para asegurar la operatividad del grupo delictivo en la región.

Entre los datos cuantificables, destaca el señalamiento contra Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa, quien presuntamente recibía 200 mil pesos mensuales (aproximadamente 10,893 dólares). Asimismo, los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, aparecen vinculados a montos de 300 mil pesos cada uno, bajo la clave «R1».

El despliegue operativo de la red incluía el pago de 100 mil pesos a José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, conocido como “Tornado”. Por su parte, Juan Valenzuela Millán, exmando de la Policía Municipal de Culiacán, percibía sumas que variaban entre los 30 mil pesos y los 41 mil dólares mensuales, de acuerdo con la complejidad de los servicios prestados al cártel.

La acusación señala que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, habría recibido pagos superiores a los 100 mil dólares mensuales. A cambio, el funcionario supuestamente proporcionó alertas anticipadas sobre al menos 10 operativos y redadas dirigidas contra laboratorios de producción de drogas sintéticas, permitiendo la evacuación de personal y precursores químicos.

En el ámbito municipal, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, es señalado por recibir más de 10 mil dólares mensuales desde junio de 2022. Estos fondos tenían como objetivo garantizar que las operaciones de «Los Chapitos» en la capital sinaloense no enfrentaran interferencias gubernamentales, permitiendo el libre tránsito de cargamentos ilícitos.

El proceso legal establece que estos cargos son acusaciones formales y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en una corte federal. La fiscalía estadounidense busca la confiscación de bienes derivados de estas actividades, mientras que las órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición ya han sido notificadas a las autoridades mexicanas.