Martín Espinosa

Grupo Centurión Combustibles SAPI de CV, con apenas una década de operaciones, ha tenido un crecimiento inusitado luego de que la familia Guevara Trejo se la arrebatara a su fundador. El director general, Joel Guevara Trejo, impuso en el grupo prácticas de “huachicoleo electoral”; es decir, financió campañas políticas para obtener beneficios económicos.

Joel Guevara se asoció al general Audomaro Martínez, extitular del Centro Nacional de Inteligencia, cuyas empresas también crecieron y se vieron beneficiadas por el régimen actual. Joel y su hermano Miguel Ángel lo conocieron en un momento vulnerable, cuando murió la hija del general, lo cual aprovecharon para asociarse y operar diversos negocios. De ahí que presuman amistad y cercanía con el militar en retiro. Con su apoyo obtuvieron, en plena pandemia, contratos multimillonarios en sociedad con Oscar Martínez Hernández, hijo de Martínez Zapata. Esta sociedad hizo compras que superaron los mil 500 millones de pesos al año y más de seis mil millones en los últimos cuatro años en Tamaulipas por concepto de insumos.

En julio de 2022, Diana Yamilet Hernández Zárate, esposa del general Audomaro Martínez, fundó Operadora de Combustibles GSC Sureste, en sociedad con Grupo Centurión Combustibles. Bajo esta alianza “estratégica” y con las ganancias, los hermanos Guevara Trejo financiaron la campaña del hoy gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, así como la de Lucía Meza como candidata al gobierno de Morelos.

Recientemente, los hermanos Guevara Trejo presionaron y amagaron al candidato de Morena a la presidencia municipal de Durango, José Ramón Enríquez, porque no permitió que se entrometieran en su operación. El resultado, igual que en Morelos: lo traicionaron y perdió.

El conglomerado de asesores y empresas de comunicación y estrategia político-electoral incluyó a Durango. Los hermanos Guevara Trejo han crecido al amparo político de la 4T, pero sin comprometer sus intereses con otras fuerzas políticas; todo depende del candidato que se trate y del acuerdo al que lleguen.

SELLO DE FAMILIA

Dicen que más allá de su empeño por desacreditar la elección judicial del pasado 1º de junio, la consejera electoral del INE, Claudia Zavala Pérez, está lidiando con un tema que la tiene muy inquieta: la suspensión de su hermana Ma. Guadalupe Zavala Pérez, del cargo de titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral de la CDMX, dictada por la Contraloría Interna del organismo. La suspensión obedece a un posible daño patrimonial cercano a los 40 millones de pesos por la inejecución de una sentencia judicial favorable al instituto. Un expediente que, según fuentes capitalinas, está plagado de irregularidades y omisiones atribuibles al área que encabezaba Zavala Pérez. Lo que comenzó como un procedimiento administrativo local ha prendido ya las alertas en el propio INE, donde no pocos consideran que esta conducta podría ser un “sello de familia”.

DISPUTA EN QUERÉTARO

La llegada del tren México-Querétaro ha encendido un debate en la capital queretana, marcado por la disputa entre el sector productivo y familias adineradas ligadas a políticos locales, empeñadas en convertir la infraestructura pública en negocio privado. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, de Adrián Lajous, plantea reactivar la terminal ferroviaria de Alcanfores, con ubicación estratégica y valor histórico. Sin embargo, viejas élites presionan para construir nuevas instalaciones en la Zona Militar 017, disfrazando intereses inmobiliarios de modernización. El verdadero objetivo es inflar el valor de los terrenos y liberar suelo para desarrollos de alto costo. Trasladar la antigua estación implicaría un gasto innecesario de más de 2 mil millones de pesos que afectaría áreas de vocación logística y operación de las líneas ferroviarias de carga. Es elegir entre cuidar el tejido social y económico o someterse al juego de “unos cuantos”.