CDMX a 23 de septiembre, 2024.- El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister» ha lanzado una seria advertencia sobre las crecientes violaciones a los derechos humanos derivadas de la militarización de la seguridad pública en México. Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde 2020 se han presentado más de 1,785 quejas graves contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), evidenciando un problema que se intensifica con el tiempo.
En una conferencia, el presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, criticó duramente la reforma constitucional que integra a la Guardia Nacional a la Sedena, actualmente en discusión en el Senado. Fierro Hernández, quien recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2017, afirmó que la militarización no es la solución para combatir la inseguridad y advirtió que la estrategia actual está fallando, generando mayores violaciones a los derechos humanos.
El GIDH sostiene que la creciente participación de militares en funciones policiales ha generado un impacto negativo en la población civil. El enfoque militar, según Fierro Hernández, está diseñado para aniquilar a sus adversarios, lo que resulta problemático cuando se trata de garantizar la seguridad pública. Las violaciones a los derechos humanos, que van desde el uso excesivo de la fuerza hasta la falta de rendición de cuentas, son una prueba de que la estrategia actual está lejos de resolver el problema de la inseguridad.
El defensor de derechos humanos subrayó que desde 2020 se han registrado más de 1,785 quejas graves contra la Sedena, lo que considera una señal de alerta. «La cifra es alarmante y refleja la urgencia de replantear la estrategia de seguridad; no la de militarizar al país», afirmó.
Fierro Hernández enfatizó la necesidad de reformar las policías municipales y estatales en lugar de seguir entregando las tareas de seguridad a las fuerzas armadas. «El problema no se resuelve con más militares en las calles», aseguró. En su lugar, propuso fortalecer a las policías locales mediante una formación adecuada, el uso de inteligencia y metodologías de investigación.
El presidente del GIDH destacó que programas como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) son esenciales para mejorar la capacitación y el equipamiento de las fuerzas de seguridad locales. Estos recursos, según él, deben destinarse a las corporaciones estatales y municipales para reducir los índices de violencia y mejorar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.
Otro punto clave planteado por Fierro Hernández fue la necesidad de someter a los cuerpos de seguridad a mecanismos de control y supervisión. Estos sistemas ayudarían a evitar abusos y construir confianza entre la ciudadanía y las autoridades. Para el GIDH, una policía bien entrenada y controlada es más efectiva que las fuerzas militares en la lucha contra la delincuencia.
El llamado del GIDH es claro: es momento de reformar la estrategia de seguridad y apostar por la mejora de las policías locales, en lugar de militarizar al país. Esta medida no solo reduciría las violaciones a los derechos humanos, sino que también permitiría enfrentar la inseguridad de manera más efectiva.