En un nuevo capítulo del drama judicial que tiene a media Ciudad de México con el ojo pegado a las noticias, la defensa de Genaro García Luna lanzó un último «zarpazo» ante la Corte de Apelaciones en Nueva York. El exsecretario de Seguridad Pública no quita el dedo del renglón e insiste en que su condena por narcotráfico debe ser cancelada, acusando directamente a la administración de Andrés Manuel López Obrador de haberle «puesto el pie» durante todo el proceso legal.
El alegato de la «Persecución de Estado»
El abogado defensor, César de Castro, entregó un escrito de réplica donde sostiene que su cliente fue convertido en un “enemigo de Estado”. Según el documento, este clima de cacería política en México hizo que posibles testigos clave se «apanicaran» y se negaran a declarar a favor del exjefe policial por miedo a terminar tras las rejas.
Aunado a esto, la defensa denunció un «estrangulamiento financiero» operado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Al bloquear las cuentas de la familia de García Luna, los abogados aseguran que se quedaron sin recursos para contratar investigadores o rastrear pruebas antes de que se dictara la sentencia en la Corte de Brooklyn.
Fuego cruzado: Perjurio y exagentes de la DEA
El punto más fuerte de la apelación señala que los testigos estrella de la fiscalía mintieron descaradamente bajo juramento. La defensa de García Luna afirma tener pruebas de que:
- Héctor Villarreal (exsecretario de Finanzas de Coahuila) y Francisco Zavaleta (exagente federal) dieron testimonios que son cronológicamente imposibles.
- Eventos narrados, como el supuesto secuestro de García Luna por órdenes de Arturo Beltrán Leyva, no cuadran con las fechas reales.
- Exagentes de la DEA contactaron a la defensa tras el juicio para revelar que Villarreal seguía delinquiendo mientras era testigo protegido, información que supuestamente los fiscales gringos se guardaron bajo la manga.
La respuesta de Washington
Del otro lado de la moneda, los fiscales de Estados Unidos no dan su brazo a torcer. Han solicitado que se desestime la apelación, argumentando que César de Castro y su equipo no hicieron su chamba a tiempo. Para el gobierno estadounidense, estas «nuevas pruebas» son improcedentes y debieron presentarse durante el juicio original.
¿Qué sigue para el exsecretario?
Con este escrito se cierra la guerra de papeles y entramos a la recta final. El destino del hombre que alguna vez fue el más poderoso de la seguridad en México está en manos de tres magistrados. El calendario marca lo siguiente:
- Audiencia oral: Se espera que se realice antes de septiembre de 2026.
- Resolución final: Los magistrados decidirán si desechan la apelación o si, en un giro de tuerca total, ordenan la reposición del juicio.
