El presidente Andrés Manuel López Obrador ha renovado su crítica hacia los salarios de altos funcionarios en México, especialmente apuntando hacia los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que sus ingresos superan los límites constitucionales, a pesar de sus responsabilidades. Sin embargo, estas críticas han generado controversia debido a casos similares dentro de su propia administración.
En un reciente señalamiento, López Obrador destacó que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha incrementado su salario a 190,035 pesos mensuales, superando los 129,087 pesos que él mismo percibe como presidente. Este contraste resalta las discrepancias dentro del gobierno, donde figuras clave nombradas o defendidas por el mandatario también reciben compensaciones considerables.
Hace dos años, durante el caso de Alejandra Cuevas, López Obrador expresó su confianza en Gertz Manero, defendiéndolo contra presiones externas que intentaban «tumbarlo». Sin embargo, la reciente escalada en su salario añade un nuevo capítulo a las críticas sobre las disparidades salariales en el gobierno.
Otros funcionarios que ganan más que el presidente incluyen a Graciela Márquez Colín, quien pasó de ser secretaria de Economía a dirigir el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con un salario de 151,282.99 pesos mensuales, y Victoria Rodríguez Ceja, que tras su paso por la Subsecretaría de Egresos ahora en el Banco de México, percibe 248,553.86 pesos al mes hasta junio de 2024.
Las críticas del presidente no se limitan solo a la SCJN, sino también al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde el comisionado presidente Adrián Alcalá gana menos que López Obrador, con un salario de 114,238.84 pesos mensuales.
En el ámbito electoral, los salarios de algunos líderes también superan al del presidente, como es el caso de Guadalupe Taddei en el INE, con 179,000 pesos hasta marzo pasado, Norma Piña Hernández en la SCJN con 206,000 pesos, y Mónica Aralí Soto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con 205,000 pesos antes de asumir su cargo.
Estos contrastes han llevado a cuestionamientos sobre la coherencia en las críticas de López Obrador hacia los salarios en el servicio público, particularmente cuando figuras dentro de su propia administración reciben remuneraciones superiores a la del máximo mandatario del país, desafiando el artículo 127 de la Constitución que establece límites claros en este sentido.
La discusión sobre la equidad salarial en el sector público continúa siendo un tema candente en la agenda política mexicana, con llamados a una mayor transparencia y coherencia en las políticas de remuneración gubernamental.