Filtraciones y liberación de acusados: escándalo en el caso Ayotzinapa cuando se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes
Editor web Maya Comunicación 
A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que el informe oficial del caso fuera filtrado a la prensa sin censura, a lo que se sumó la denuncia de una confrontación entre funcionarios del Gobierno que derivó en la liberación de decenas de acusados.
Todo ello ocurrió en vísperas del aniversario, que se cumple este lunes, y que estará marcado por la marcha que se realizará en la Ciudad de México y que encabezarán los familiares de las víctimas, que desde hace ocho años reclaman justicia con su duelo inconcluso a cuestas. Quieren saber dónde están sus hijos, qué les hicieron y que los responsables sean condenados.
El sábado, la periodista Peniley Ramírez publicó la versión completa del Informe Ayotzinapa, que el Gobierno dio a conocer a mediados de agosto y que tenía varios fragmentos cubiertos con franjas negras para evitar la difusión de detalles escabrosos de la investigación, por respeto a los familiares.
Otros segmentos estaban tapados ya que se trata de información que, si se revela, podría dañar el proceso judicial y beneficiar a los acusados, que podrían impugnar los juicios en su contra.
La filtración generó una polémica inmediata entre quienes criticaron «el morbo» de la periodista al ofrecer detalles de cómo asesinaron a los estudiantes y quienes defendieron el derecho a la información y, en todo caso, condenaron a los funcionarios que entregaron el informe completo.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, advirtió que esa información era «absolutamente irresponsable» y «una falta de respeto» a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
«En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad», denunció.
Más controversias
Mientras seguía el escándalo por la filtración, el diario El País publicó el domingo una investigación que revela que las disputas al interior del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador alrededor del caso Ayotzinapa provocaron que la Fiscalía General de la República (FGR) cancelara por lo menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de la desaparición.
Entre los beneficiados por esta suspensión se encuentran 16 militares que estaban acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada, incluido Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería.
De acuerdo con la investigación, la ruptura entre la FGR y la unidad especial del caso Ayotzinapa fue generada por la captura del exprocurador Jesús Murillo Karam, ocurrida el mes pasado, y que algunos funcionarios consideraron apresurada.
Así, el aniversario de uno de los capítulos más dolorosos en la ya larga historia de violaciones masivas a los derechos humanos en México quedó ensombrecido ante los temores de que la impunidad siga prevaleciendo.
En medio de este clima, este lunes culminarán las movilizaciones que familiares y activistas comenzaron el pasado 12 de septiembre en el estado de Guerrero bajo el lema «Por los caminos de la verdad».
Los estudiantes de Ayotzinapa y diferentes colectivos la bautizaron como «una jornada nacional de lucha ante la deuda del Estado». Porque, a pesar de que en los últimos tiempos la causa ha tenido múltiples novedades, que incluyen informes, detenciones de militares y exfuncionarios que antes eran impensadas, todavía no hay justicia.
Idas y vueltas
Apenas la semana pasada, un juez federal dictó auto de formal prisión contra el general José Rodríguez Pérez, quien está acusado de haber dado la orden para asesinar a seis de los 43 estudiantes que permanecieron vivos varios días después de la desaparición.
Junto con él, están procesados el capitán José Martínez Crespo y el cabo Eduardo Mota Esquivel. También se les vincula directamente con el crimen organizado.
Los vaivenes de la causa son permanentes y demuestran la dificultad que existe para vencer la impunidad, así como la resistencia de los familiares y de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan su lucha.
El 14 de septiembre, por ejemplo, el juez Samuel Ventura Ramos absolvió a José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala que estaba imputado por la desaparición de los estudiantes. Estuvo a punto de quedar en libertad, pero la Fiscalía logró que se cumpliera una nueva orden de detención por sus vínculos con el cártel Guerreros Unidos.
Días más tarde, el controvertido juez volvió a dictar un fallo que entorpece de nuevo la causa, ya que ordenó a liberación de otros 24 imputados, lo que fue criticado por el propio López Obrador.
En estos meses, uno de los mayores avances del caso fue una inesperada captura que provocó una conmoción.
Fue el Estado
El pasado 19 de agosto fue detenido Jesús Murillo Karam, el exprocurador general de la República que difundió «la verdad histórica» sobre la desaparición y que, en realidad, terminó siendo «la mentira histórica» al demostrar la manipulación del caso que hicieron las autoridades durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto para cerrar la investigación con el fin de encubrir a los responsables.
La captura sorprendió a una sociedad que no está acostumbrada a que funcionarios de alto rango paguen por sus crímenes. Murillo Karam quedó procesado y con prisión preventiva, acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, pero el jueves pasado obtuvo un amparo.
Otro de los máximos implicados sigue libre. Se trata de Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal que está acusado de torturar a testigos para obtener declaraciones falsas en torno a la desaparición, y que escapó a Israel. López Obrador ya le pidió al Gobierno de ese país que deje de protegerlo, que lo entregue para su extradición a México, pero no lo ha conseguido. Este sigue siendo uno de los principales reclamos de los familiares.
El 18 de agosto, un día antes de la sorpresiva detención de Murillo Karam, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó las principales conclusiones del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
«Fue un crimen de Estado», reconoció Encinas. Los familiares habían tenido que esperar casi ocho años para que se reconociera esta responsabilidad, para que se dejara de encubrir a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en la trágica noche de Iguala.
El documento se dio a conocer en medio de una fuerte expectativa, ya que el esclarecimiento del caso es una de las principales promesas de López Obrador. Además, se esperaban nuevas revelaciones. Y así ocurrió.
Se supo, por ejemplo, que uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa era un soldado infiltrado por el Ejército. Que algunos estudiantes podrían haber estado con vida durante cuatro días después del secuestro. Que funcionarios de todos los niveles y miembros de organizaciones narco participaron en la desaparición. Que las víctimas fueron entregadas a tres grupos criminales. Y que al Gobierno de Peña Nieto solo le interesó cerrar la investigación con una falsa narrativa.
El documento principal tiene 96 páginas, pero decenas están subrayadas en negro porque contienen información que todavía es considerada como clasificada. Aparte, hay ocho anexos que, en miles de cuartillas, detallan las fichas de búsqueda, las bitácoras de campo, los reportes de cada operativo, las reuniones de trabajo de la Comisión, los informes de los encuentros con los familiares y con López Obrador, la asistencia técnica internacional y la atención que se ha dado a las víctimas.
Con toda esta información, ya se tiene una cronología más precisa de lo que ocurrió, así como la cadena de responsabilidades durante y después de la desaparición.
¿Qué pasó?
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico.
En ese momento, Peña Nieto llevaba apenas un año y nueve meses como presidente y la campaña propagandística que lo vendía como «el reformador» de México era un éxito. Pero se vino abajo por completo con un crimen que tuvo amplia repercusión en todo el mundo.
Los jóvenes, que estudiaban en escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde se forman maestros de educación básica de las comunidades más marginadas, habían tomado camiones de larga distancia para ir a una manifestación en la ciudad de México, pero en la terminal de Iguala comenzó un tiroteo que mutó en persecución.
En medio de la violencia y la confusión, los agresores acribillaron también un camión en el que viajaban miembros de un equipo de futbol conocido como ‘Los Avispones’. En la cacería, que continuó a lo largo de la madrugada, participaron policías municipales, estatales, federales y el Ejército.
El saldo de esa madrugada fue de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
Solo dos meses después de la masacre, y en medio de la conmoción nacional e internacional que había desprestigiado por completo al Gobierno de Peña Nieto, Murillo Karam, fiscal general y máximo responsable de la investigación, aseguró que «la verdad histórica» era que algunos policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos, los cuales, a su vez, los mataron y quemaron sus restos en un basurero. Quería dar por cerrado el caso.
Sin embargo, los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que las autoridades mentían porque no había pruebas de la incineración de los cuerpos. En los años siguientes, se ratificó que la versión oficial era solo una «mentira histórica».
Hallazgos
En diciembre de 2014, tres meses después de la desaparición, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que unos restos humanos encontrados pertenecían a Alexander Mora Venancio, de 19 años. Al año siguiente identificaron a Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 20 años. Y en julio de 2020, a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Así, los familiares de tres estudiantes tuvieron una tumba para llorar. Pero otros 40 estudiantes siguen desaparecidos. «Vivos los llevaron, vivos los queremos», sigue siendo su grito de lucha, aunque las autoridades ya reconocieron que no los buscan con vida.
El Informe Ayotzinapa ofrece más precisiones sobre la causa a lo largo de cuatro capítulos que describen la búsqueda de las víctimas, los hallazgos, el «pacto de silencio», los obstáculos de la investigación, el contexto de la desaparición, la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales con los narcos y la cronología pormenorizada de los hechos.
Una de las sorpresas es la revelación de que el Ejército infiltró en 2012 al soldado Julio César López Patolzin en la Escuela Rural de Ayotzinapa. Desde ahí, informaba lo que ocurría en las asambleas de los estudiantes, las marchas, mítines y posibles vínculos con «grupos subversivos», o sobre la delincuencia organizada y todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad nacional.
A las 10:00 de la mañana del 26 de septiembre de 2014, el soldado-espía le informó a su superior, el Teniente Francisco Macías Barbosa, que los jóvenes tomarían camiones para ir a la Ciudad de México. Fue su último informe, ya que López Patolzin desapareció luego de la persecución y las autoridades no lo protegieron, como era su obligación.
«No obstante que se encontraba activo en el Ejército Mexicano, realizando funciones de informante y de que su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, este no realizó ninguna acción de protección a su integridad, ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos», denuncia el informe.
Otro dato que aporta el informe es que el 30 de septiembre, cuatro días después de la desaparición, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió una llamada anónima que aseguró que por lo menos seis estudiantes permanecían con vida y estaban secuestrados en una bodega.
«Es grande, de concreto, techo laminado y cortina metálica, la cual se ubica en Pueblo Viejo, entrando a la Colonia Guadalupe», aseguró un informante que dio precisiones para que los militares pudieran llegar. También aseguró que la custodia del lugar estaba a cargo de un hombre apodado ‘El Coronel’.
Todavía se desconoce quiénes podrían ser esos estudiantes, ya que los 43 fueron capturados y divididos en varios grupos gracias a la complicidad entre policías y narcotraficantes. Luego del secuestro, jamás volvieron a estar juntos.
