Por Bruno Cortés
Este lunes, el ambiente en el Senado de la República se tornó tenso tras la orden de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, de cerrar el ingreso a ciudadanos que no trabajen en la cámara. La medida busca proteger la “inviolabilidad” del recinto, especialmente después del tumulto que se vivió durante la reciente discusión sobre la reforma judicial, donde un grupo de personas intentó irrumpir en la sesión.
Fernández Noroña se apoyó en el artículo 61 de la Constitución y el reglamento del Senado para justificar su decisión. En su comunicado, indicó que esta acción es necesaria para asegurar que las sesiones ordinarias se desarrollen de manera libre y segura. Esto significa que se suspendieron las visitas guiadas y otras actividades que permitían a los ciudadanos acceder al recinto legislativo. Así, la distancia entre la política y la ciudadanía parece ampliarse aún más.
En medio de este escenario, el Senado continuó con su trabajo. Este domingo, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos se dedicaron a discutir y aprobar reformas importantes, como la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y reformas a la Ley de Pueblos Indígenas. La mayoría de Morena y sus aliados apoyaron la medida, aprobándola con 25 votos a favor y 10 en contra. Esto significa que, muy probablemente, este martes será discutida y aprobada también en el Pleno.
La reforma a la Ley de Pueblos Indígenas busca reconocer los derechos de las comunidades originarias y afromexicanas, un tema de gran relevancia en un país tan diverso. Sin embargo, la falta de acceso a las sesiones y la forma en que se están llevando a cabo estas decisiones dejan a muchos ciudadanos preguntándose si realmente se está escuchando la voz de la gente o si se están tomando decisiones a puerta cerrada.
Esta situación plantea un dilema sobre cómo se maneja la democracia en México. Por un lado, el gobierno busca implementar medidas que, en teoría, deberían aumentar la seguridad. Por otro, la forma en que se restringe el acceso a la información y a las decisiones políticas genera desconfianza y un sentimiento de exclusión entre la ciudadanía.
Así, el cierre del Senado no solo afecta el acceso a un lugar donde se toman decisiones cruciales para el país, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia y la participación ciudadana en México. ¿Se están tomando en cuenta las voces de los mexicanos, o se está priorizando una agenda que no necesariamente refleja sus intereses?