Por Juan Pablo Ojeda

A solo horas de que México viva una jornada electoral inédita este 1 de junio de 2025, el país llega nuevamente a las urnas con la violencia como telón de fondo, en lo que ya se perfila como otra etapa convulsa de la democracia mexicana.

La ciudadanía votará por primera vez en su historia para elegir 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, entre jueces y magistrados, un proceso que confluye con elecciones municipales en Veracruz y Durango, donde se renovarán más de 1,400 cargos locales. Todo esto, mientras sigue latente la amenaza del crimen organizado sobre los procesos democráticos.

Tan solo un año atrás, México vivió el proceso electoral más violento de su historia, según la organización Causa Común, con 63 actores políticos asesinados entre junio de 2023 y junio de 2024, de los cuales 37 eran candidatos.

Hoy, la sombra de la violencia no ha desaparecido. De hecho, Veracruz encabeza nuevamente la lista negra, con al menos 15 casos de violencia contra candidatos, según el Laboratorio Electoral. Entre ellos, los asesinatos de Carlos Ramsés Neri, del PVEM en Veracruz puerto, y Germán Anuar Valencia, de Morena en Coxquihui, además del homicidio de la candidata Yesenia Lara Gutiérrez, baleada durante un mitin el pasado 11 de mayo.

Otros casos que han estremecido la contienda incluyen atentados, secuestros, amenazas armadas y ataques a casas de campaña, como el ocurrido contra la emecista Xóchitl Tress, donde perdió la vida la periodista Avisack Douglas Coronado. En total, se han solicitado medidas de seguridad para 123 candidatos municipales, y la gobernadora Rocío Nahle reconoció que 57 municipios tienen un alto nivel de tensión política, por lo que pidió el refuerzo de la Guardia Nacional.

Durango, en contraste, ha sido clasificado como de bajo riesgo electoral por el observatorio México Evalúa, sin registros de violencia desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2025. Sin embargo, los analistas coinciden en que el riesgo puede escalar rápidamente si no se refuerzan las condiciones de seguridad.

La violencia no ha sido exclusiva del proceso municipal. El proceso inédito de elección del Poder Judicial también ha sido blanco de agresiones. Hasta el 5 de mayo, se registraron cuatro personas relacionadas con este proceso como víctimas de violencia, incluyendo un asesinato: el de Audel Arnoldo Hernández Solís, aspirante judicial.

Por su parte, el INE confirmó la cancelación de 17 candidaturas judiciales, de las cuales nueve fueron por renuncias voluntarias, aunque no se aclararon los motivos, alimentando las sospechas sobre posibles presiones externas.

Organizaciones como México Evalúa han advertido que la violencia tiene un objetivo claro: capturar las instituciones. “Es altamente probable que, mediante la violencia, el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales, sobre todo en el ámbito local”, subraya el organismo, advirtiendo que esto supondría la caída del último dique de contención frente al poder delincuencial.

Así, mientras el país se prepara para una jornada electoral sin precedentes, el miedo, la intimidación y la violencia siguen siendo parte del proceso político. Lo que debía ser una muestra de avance democrático, hoy enfrenta el reto de resistir la embestida de quienes quieren decidir las urnas a punta de balas.