El pasado viernes 11 de abril, Estados Unidos deportó a 13 narcotraficantes mexicanos para que cumplan el resto de sus sentencias en cárceles mexicanas. Aunque el gobierno estadounidense utilizó el término «transferencia», en la práctica se trata de una deportación, parte de una política más amplia que busca expulsar del país a inmigrantes indocumentados y delincuentes.​

El Departamento de Justicia de EE.UU. informó que esta medida representó un ahorro de más de 3 millones de dólares al eliminar los gastos relacionados con la estancia de estos prisioneros en cárceles estadounidenses. Los narcotraficantes trasladados fueron sentenciados por delitos como la distribución de drogas como cocaína, metanfetamina y fentanilo.​

Aunque no se revelaron públicamente las identidades de los 13 ciudadanos mexicanos deportados, se sabe que no se trata de perfiles de alto riesgo. Estas transferencias se realizaron bajo el Tratado de Ejecución de Sentencias Penales entre México y Estados Unidos, que establece que ambas naciones deben asegurar que las penas impuestas sean cumplidas de forma efectiva, incluso si se trasladan a otro país.​

En contraste, en febrero de 2025, México extraditó a 29 presuntos integrantes de cárteles del narcotráfico hacia Estados Unidos, incluyendo figuras de alto perfil como Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, y los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, conocidos como “Z-40” y “Z-42”, vinculados al Cártel de Los Zetas. ​

Estas acciones reflejan la cooperación entre ambos países en materia de justicia y seguridad, buscando que los delincuentes cumplan sus condenas y se reduzcan los costos del sistema penitenciario.​