Donald Trump ha sido condenado por el caso de la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels, en una sentencia simbólica que no incluye cárcel ni multa, convirtiéndolo en el primer delincuente convicto en llegar a la Casa Blanca. La resolución del juez no implica cárcel, multa ni libertad condicional para el presidente electo, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero.
El juez del Tribunal de Distrito de Manhattan, Juan Merchan, explicó durante la audiencia que la única sentencia legal que permite la entrada de una sentencia condenatoria sin invadir el cargo más alto de la tierra es un descargo incondicional. Trump, de 78 años, asistió de manera virtual desde su residencia en Florida, acompañado por su equipo legal.
La controversia surgió en torno a un pago de 130,000 dólares que Trump, a través de su abogado personal, Michael Cohen, hizo a Stormy Daniels en la recta final de la campaña presidencial de 2016. Este pago fue realizado para evitar que Daniels hablara sobre una supuesta relación extramatrimonial que mantuvo con Trump diez años antes. El pago, presentado como «gastos legales», fue considerado por el jurado como un acto de falsificación contable, ya que su propósito era encubrir la transacción para evitar que afectara la campaña electoral.
El veredicto de culpabilidad llegó en mayo pasado, cuando un jurado popular declaró culpable a Trump de 34 cargos de falsificación contable. Durante su intervención en la audiencia, Trump calificó el juicio como una «vergüenza para el sistema».
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos fue clave en los intentos de Trump para evitar la sentencia. El jueves por la noche, la Corte rechazó por un estrecho margen (5 votos contra 4) una solicitud de urgencia para suspender la sentencia y retrasar su ejecución. Los abogados de Trump han recurrido en varias ocasiones al argumento de que la inmunidad presidencial debería proteger a un presidente electo de ser condenado en casos relacionados con su conducta antes de asumir el cargo.
Además, la controversia en torno a la conversación telefónica entre Trump y el juez de la Corte Suprema Samuel Alito, que votó a favor de la suspensión, ha despertado temores de posibles influencias indebidas sobre el sistema judicial. La Corte Suprema de Estados Unidos, en la que seis de los nueve jueces son conservadores (la mitad de los cuales fueron nombrados por Trump), ha sido una fuente constante de debate sobre la imparcialidad y la posible interferencia política.
Por su parte, el fiscal del caso, Joshua Steinglass, subrayó en la audiencia que el veredicto del jurado fue «unánime y decisivo» y que, por lo tanto, debía ser respetado, añadiendo que Trump había participado en una «campaña coordinada para socavar» el proceso judicial. El daño a la percepción pública del sistema de justicia, según el fiscal, ha sido «duradero» y ha afectado la confianza en la integridad del proceso penal estadounidense.
Este caso es el único en el que Trump ha sido sentenciado hasta ahora, aunque enfrenta otros tres casos judiciales pendientes: dos relacionados con su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió ante Joe Biden, y otro por la retención de documentos clasificados en su residencia. Estos casos, por el momento, están en suspenso, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos desarrollos legales una vez que Trump asuma el cargo nuevamente.