Diputados debaten “La Suprema Vendepatrias” en la Comisión Permanente
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
En la sesión de ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión vivió un intenso debate sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. Diputados de diferentes partidos, incluyendo Morena, PAN, PRI y PT, expresaron sus posturas sobre los cambios propuestos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El título de la discusión, «La Suprema vendepatrias», ya daba cuenta de la tensión en el ambiente.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena, criticó duramente a la SCJN, argumentando que el máximo tribunal del país se está entrometiendo en asuntos que deberían ser competencia de otros tribunales, y acusó a la Corte de actuar en temas económicos y políticos que no le corresponden. Robledo Ruiz mencionó que recientemente la Corte admitió una denuncia basada en una norma que ya no existe, y aseguró que la reforma constitucional propuesta busca abordar problemas profundos en el sistema de justicia mexicano.
Desde el PAN, el diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara defendió la independencia de la SCJN, señalando que debilitar al Poder Judicial podría ser un golpe duradero para la democracia en México. Aseguró que en Acción Nacional se respeta la autonomía de la Corte y advirtió sobre el peligro de atacar a un poder judicial que ha demostrado ser independiente y fiel a la Constitución.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del PRI, se opuso vehementemente a la reforma, argumentando que representa un ataque directo a la democracia y a los derechos humanos. Bernal Bolnik describió la reforma como una medida de «venganza» en lugar de justicia, y calificó el paro de los trabajadores del Poder Judicial como un llamado urgente para reconsiderar los cambios propuestos.
Por su parte, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del PT, defendió la reforma como una respuesta a los problemas de corrupción y nepotismo dentro del Poder Judicial. Robles Montoya acusó a la oposición de querer un Poder Judicial que favorezca a sus intereses y de proteger a un sistema corrupto, y reiteró que la reforma se aprobará a pesar de las críticas.
En el PAN, el diputado Juan Carlos Maturino Manzanera expresó su preocupación por la propuesta de elegir jueces por voto popular, considerándola un error que podría perjudicar la inversión extranjera y la calidad de la justicia en México. También destacó la importancia de fortalecer la profesionalización del sistema judicial.
La diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, también del PAN, criticó el debate actual por su falta de respeto hacia las instituciones y el Poder Judicial. Denunció que la reforma podría causar zozobra tanto a nivel nacional como internacional y lamentó el trato que están recibiendo los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial.
Desde el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña argumentó que la reforma busca rescatar al Poder Judicial y hacerlo más democrático, enfrentando la oposición que quiere evitar que el pueblo elija a sus jueces. Fernández Noroña llamó a respetar al pueblo y a ser serios en el debate.
Enrique Godínez del Rio, del PAN, cuestionó el ataque al Poder Judicial y subrayó la importancia de la división de poderes como pilar de la democracia en México. Recordó que el sistema de división de poderes ha sido fundamental para la estabilidad y la justicia en el país desde su independencia.
Finalmente, el diputado Hamlet García Almaguer, de Morena, elogió al ministro Juan Luis Alcántara Carrancá por su prudencia y su papel en el proceso de revisión de los criterios judiciales. Este reconocimiento resalta la complejidad y la importancia de la reforma en curso, que sigue siendo objeto de intensos debates en el Congreso.
En resumen, la reforma al Poder Judicial sigue generando controversia y división entre los legisladores, reflejando las profundas diferencias sobre el futuro del sistema de justicia en México. Mientras algunos ven la reforma como una oportunidad para limpiar y democratizar el Poder Judicial, otros temen que pueda socavar la independencia y la estabilidad del sistema judicial del país.
