Por Bruno Cortés

En una reciente intervención en la Comisión Permanente del Congreso, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Iraís Virginia Reyes de la Torre y Laura Ballesteros Mancilla, lanzaron un enérgico llamado al gobierno mexicano para que aclare las razones por las cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha revocado los permisos otorgados a la empresa Zinc Nacional. Esta compañía, ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, opera como planta procesadora de residuos de acería, un proceso que, según las diputadas, está generando graves problemas de salud y ambientales en la región.

La preocupación de las legisladoras se centra en el hecho de que México, en lugar de proteger a sus ciudadanos, se ha convertido en el destino de los residuos peligrosos provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con Reyes de la Torre, más del 50% de estos desechos van a parar al país, siendo la zona metropolitana de Monterrey una de las más afectadas. En sus declaraciones, señaló que esta planta procesa residuos tóxicos que liberan metales pesados como plomo y arsénico al aire, poniendo en riesgo la salud de miles de personas.

Lo alarmante de la situación es que, según estudios recientes, en las zonas cercanas a la planta, alrededor de 3,500 niños presentan niveles peligrosos de plomo en su sangre, lo que agrava aún más el problema. Reyes de la Torre denunció que, a pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) había clausurado la empresa en el pasado, esta sigue operando sin ninguna sanción efectiva. “No podemos permitir que esta empresa siga funcionando sin medidas adecuadas de protección a la salud”, afirmó.

Ambas diputadas insistieron en que el gobierno mexicano debe tomar acciones inmediatas, como realizar auditorías periódicas sobre el cumplimiento de las normas ambientales. También resaltaron la necesidad de que México fortalezca sus propias regulaciones, ya que las leyes en el país son más permisivas que las de Estados Unidos, lo que permite que estas empresas sigan operando con impunidad.

Por su parte, Laura Ballesteros Mancilla apuntó que la legislación estadounidense permite que las empresas que manejan residuos tóxicos sean responsables solo hasta que los residuos cruzan la frontera. “Una vez que llegan a México, ya no tienen responsabilidad”, explicó. En este sentido, subrayó que es urgente que ambos países se sienten a dialogar sobre cómo frenar este flujo de basura tóxica y se retomen relaciones interparlamentarias entre México y Estados Unidos para solucionar este y otros problemas que puedan surgir en el futuro.

En resumen, las diputadas de MC hicieron un llamado al gobierno mexicano para que no se siga ignorando la contaminación que afecta a la salud de los habitantes de Monterrey. Con un claro enfoque en el bienestar de la población y la necesidad de endurecer las leyes en México, exigieron una respuesta urgente para evitar que la impunidad continúe beneficiando a empresas que operan sin el debido control ambiental.