Por Bruno Cortés
Ciudad de México, 9 de noviembre de 2023. En medio de un clima de creciente insatisfacción social, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta severas críticas por su gestión de las políticas públicas dirigidas a grupos vulnerables y su respuesta ante la violencia de género en México.
Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA), que representan un refugio y un espacio de empoderamiento para las mujeres de comunidades marginalizadas, han sufrido un golpe significativo a su capacidad operativa tras un recorte del 30% de su presupuesto entre 2019 y 2022. Este ajuste fiscal no solo compromete la atención a las necesidades de estas comunidades, sino que también refleja la ausencia de un compromiso presupuestal para combatir las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres indígenas y afrodescendientes.
Paralelamente, la alarma social se ha disparado ante el aumento exponencial de las cifras de feminicidios y desapariciones. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el número de niñas y mujeres desaparecidas se ha casi triplicado desde 2015 a 2021, mientras que los feminicidios anuales se han más que duplicado en ese mismo periodo. Este panorama lúgubre subraya la incapacidad o la falta de una estrategia efectiva por parte del Gobierno para proteger a las mujeres y niñas de un destino atroz marcado por la violencia sistemática y las desapariciones.
Además, el Gobierno federal está bajo fuego tras su inadecuada respuesta a la catástrofe natural que asoló a Guerrero. El paso del huracán Otis exigió una pronta y eficaz intervención estatal; sin embargo, la falta de recursos asignados para la reconstrucción y la insuficiente atención a los llamados de auxilio de los habitantes de Acapulco, quienes se han movilizado en busca de soluciones, manifiestan una gestión deficiente que repercute negativamente en la resiliencia de las comunidades afectadas.
El conjunto de estos elementos dibuja un cuadro de gobierno que, en su último año de mandato, parece distanciarse de las necesidades reales de los sectores más desprotegidos y desatender las demandas por justicia y equidad. La falta de inversión en programas esenciales y la ausencia de políticas concretas de prevención y sanción de la violencia contra la mujer son claros indicativos de que la administración de AMLO debe reconsiderar sus prioridades y compromisos para garantizar un México más justo y seguro.