La Jabalinada por Bruno Cortés

Donald Trump vuelve a la carga con promesas que electrizan a sus seguidores, pero también levantan alarmas a nivel internacional. Esta vez, su discurso se centra en detener lo que llama la «invasión» en la frontera sur de Estados Unidos. Sus planes incluyen la deportación masiva de migrantes, la militarización de la frontera y nuevas restricciones económicas, como un impuesto del 10% a las remesas enviadas a México. Si bien estas propuestas buscan proyectar una imagen de fuerza y control, sus repercusiones podrían desatar una tormenta política, económica y social.

Trump ha anunciado que, desde el primer día de su posible regreso a la Casa Blanca, implementará la «mayor operación de deportación masiva» en la historia de Estados Unidos. Pero, ¿cómo se traduce esto en práctica? Sus planes incluyen declarar emergencias nacionales para movilizar recursos sin necesidad de la aprobación del Congreso, utilizar al ejército y la Guardia Nacional para asistir en las deportaciones y reforzar la frontera, e implementar programas como «Quédate en México» y designar a los cárteles de droga como organizaciones terroristas.

Estas medidas prometen ser rápidas y efectivas, pero también despiertan críticas por su viabilidad y costo. Según el American Immigration Council, deportar a más de 13 millones de personas podría costar casi un billón de dólares en una década. Este monto es equivalente a construir más de 40,000 escuelas o financiar cuatro veces el presupuesto anual de la NASA.

La economía estadounidense depende significativamente de la mano de obra migrante, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios de hostelería. En el caso de la agricultura, la falta de trabajadores podría disparar los precios de los alimentos debido a la escasez de mano de obra. En la construcción, proyectos de infraestructura podrían retrasarse por falta de personal, elevando los costos y afectando el desarrollo económico. Por su parte, el sector de servicios de hostelería, que depende en gran medida de la flexibilidad laboral de los inmigrantes, enfrentaría incrementos en costos laborales que podrían traducirse en precios más altos para los consumidores.

Según estudios del Instituto Peterson, la deportación masiva podría reducir el PIB estadounidense entre un 2.6% y un 6%, generando pérdidas de hasta 1.6 billones de dólares anuales. Además, el impacto en el consumo podría ralentizar el crecimiento económico a largo plazo, dejando secuelas profundas en sectores clave que dependen de la participación de los inmigrantes como consumidores y trabajadores.

Para México, el anuncio de un impuesto del 10% a las remesas agrava un panorama ya complejo. Las remesas representan una fuente crucial de ingresos para millones de familias, especialmente en estados como Michoacán, Oaxaca y Guerrero, donde constituyen hasta el 12% del PIB local. Esta reducción podría llevar a una caída del 2.6% en el PIB mexicano entre 2025 y 2028. Se estima una pérdida de más de 6,000 millones de dólares anuales, afectando el consumo y aumentando la pobreza en comunidades que dependen de estos ingresos.

La disminución de las remesas también tendría un impacto directo en la inversión en salud y educación, intensificando las desigualdades en estados ya vulnerables. Además, la deportación masiva podría generar una crisis de empleo y vivienda en las comunidades de acogida en México, exacerbando la presión sobre los servicios sociales y programas de asistencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de mitigar estos impactos mediante la diversificación económica y nuevas alianzas internacionales. Aunque estas estrategias podrían ayudar a proteger la economía mexicana, su implementación requiere tiempo y recursos, mientras que las políticas de Trump prometen tener efectos inmediatos y contundentes.

Las medidas anunciadas por Trump parecen responder más a una estrategia electoral que a un análisis detallado de sus implicaciones. La retórica que demoniza a los migrantes como «criminales» alimenta una narrativa divisiva, ignorando la contribución económica y social de esta población. Por otro lado, organizaciones internacionales y activistas de derechos humanos han cuestionado estas políticas, advirtiendo que podrían desencadenar crisis humanitarias en la frontera y en las comunidades afectadas por las deportaciones masivas.

La militarización de la frontera y las deportaciones también podrían exacerbar tensiones bilaterales con México y otros países latinoamericanos, dificultando la cooperación en temas como comercio, seguridad y migración. A largo plazo, estas políticas podrían tener efectos contraproducentes, generando más migración irregular y debilitando las relaciones diplomáticas en la región.

El balance de estas políticas es complejo y deja más preguntas que respuestas. La economía, la seguridad y los derechos humanos son piezas de un rompecabezas que no se puede resolver con soluciones simplistas ni discursos polarizantes. Para ambos países, este es un momento crucial que exige liderazgo, responsabilidad y una visión compartida del futuro.