Crisis forense: ONU exhibe colapso de bancos genéticos y exige justicia inmediata

Por Bruno Cortés

Duro revés internacional: la ONU sentencia que el sistema forense mexicano está rebasado; miles de familias siguen esperando respuestas.

Se le acabó el margen de maniobra al Estado mexicano frente a los ojos del mundo. Hoy, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) ha decidido dejar de lado las sutilezas diplomáticas para emitir una recomendación extraordinaria que cae como balde de agua helada sobre las autoridades federales. El mensaje es claro y contundente: la inoperancia de los bancos de datos genéticos ya no es un problema técnico, sino una violación sistemática a los derechos humanos que impide, de facto, el acceso a la justicia.

Lo que está ocurriendo en Ginebra no es un simple tirón de orejas; es la confirmación de que la estrategia actual para la identificación humana ha sido puro «atole con el dedo». A pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada mandató la creación del Banco Nacional de Datos Forenses hace años, la realidad es que la interconexión entre las fiscalías estatales y la federación sigue siendo un mito genial. Los sistemas no se hablan, los registros están incompletos y la burocracia se ha convertido en el principal obstáculo para que un cuerpo vuelva a casa.

El diagnóstico de la ONU pone el dedo en la llaga más dolorosa: la crisis forense. No estamos hablando solo de cifras frías en un Excel, sino de una tragedia humanitaria que tiene a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) del país convertidos en almacenes del olvido. Hay más de 50 mil cuerpos —una cifra conservadora, dicho sea de paso— que permanecen en calidad de desconocidos, mientras sus familiares gastan la suela y la vida recorriendo oficinas gubernamentales donde la respuesta siempre es un portazo en la nariz.

Resulta indignante ver cómo, mientras las «madres buscadoras» hacen el trabajo que le corresponde a la autoridad, escarbando la tierra con sus propias uñas en predios baldíos de todo el país, el aparato de justicia se dedica a «echarse la bolita». La Fiscalía General de la República y las fiscalías locales se han enredado en un pleito de competencias y celos institucionales que ha paralizado la homologación de los registros genéticos. Es una torre de Babel donde nadie se entiende y los únicos que pierden son los ciudadanos.

Este colapso no es casualidad, es síntoma de un sistema de justicia penal que hace agua por todos lados. La falta de trazabilidad de los cuerpos y la nula capacidad para procesar muestras de ADN masivamente revelan una indolencia criminal. No sirve de nada tener laboratorios de primer mundo si no hay voluntad política para alimentar las bases de datos y, sobre todo, para cruzar la información. Es como tener un Ferrari estacionado sin gasolina y sin llaves.

La recomendación de hoy subraya una «deuda ética» impagable. El Estado ha fallado en su responsabilidad más básica: garantizar la identidad de sus ciudadanos, incluso después de la muerte. Al no poder decirnos quiénes son los que yacen en las fosas comunes o en las planchas de los anfiteatros, el gobierno perpetúa el dolor y la incertidumbre, convirtiendo el duelo en un calvario eterno para miles de familias mexicanas.

Además, el organismo internacional advierte sobre el riesgo de que esta crisis se normalice. El «tortuguismo» burocrático se ha vuelto el modus operandi. Se anuncian mecanismos extraordinarios, se crean comisiones de la verdad y se firman convenios, pero en la práctica, el avance es nulo. La simulación ha sido la moneda de cambio en un sexenio donde la narrativa oficial choca frontalmente con la realidad de las morgues saturadas.

Para los colectivos de búsqueda, este pronunciamiento es un respaldo vital, pero no suficiente. Saben que del dicho al hecho hay mucho trecho. La exigencia es que se destinen recursos reales, no promesas, para la contratación de antropólogos, arqueólogos y genetistas forenses, y que se sancione a los funcionarios que, por omisión o negligencia, han permitido que los expedientes se empolven en los archiveros del Ministerio Público.

El reloj sigue corriendo y la paciencia se agotó hace mucho. O el Estado mexicano acata estas medidas y pone a funcionar una base de datos genética nacional, única y veraz, o pasará a la historia como el cómplice silencioso de una de las tragedias más grandes del hemisferio. La dignidad de los ausentes no puede seguir esperando a que el sistema decida despertar de su letargo.