Por Juan Pablo Ojeda

El sistema de cortes migratorias de Estados Unidos enfrenta una creciente crisis que afecta tanto a los migrantes adultos como a los menores no acompañados. Con más de 3.7 millones de casos pendientes, los migrantes que buscan evitar la deportación y regularizar su estatus en el país se enfrentan a un cuello de botella cada vez más grave. Esta situación se ha visto agravada por la decisión de la Administración Trump de despedir a jueces migratorios como parte de un recorte oficial, lo que intensifica aún más los retrasos y la incertidumbre en el proceso judicial.

Adriel Orozco, consejero sénior del American Immigration Council, expresó su preocupación por las posibles consecuencias de estos despidos. Según Orozco, la medida podría traer cambios negativos para quienes ya están en procesos largos ante las cortes migratorias, particularmente aquellos que buscan asilo o intentan evitar su deportación. Las modificaciones a los requisitos y la imposición de restricciones adicionales para los migrantes serían algunos de los efectos más probables de esta decisión.

El informe del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, revela que, de los más de 3.7 millones de casos pendientes, 1.7 millones corresponden a solicitudes de asilo. Además, datos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indican que 41,169 migrantes estaban bajo custodia hasta el 9 de febrero, de los cuales el 54.7 por ciento no tienen antecedentes penales.

Con el recorte de personal, incluyendo la salida de 20 jueces y 12 asistentes, la carga de trabajo para los 715 jueces restantes aumenta dramáticamente, lo que eleva el número promedio de casos por juez a unos 6,000. Esto ha generado preocupaciones sobre la calidad y atención de cada caso, ya que los jueces tendrán menos tiempo para examinar los detalles de las situaciones individuales.

A pesar de que el Gobierno justificó los despidos como parte de un ajuste presupuestario, el Congreso había aprobado fondos para la contratación de hasta 100 jueces anuales. Sin embargo, según el congresista demócrata Henry Cuéllar, muchas de esas plazas aún no han sido cubiertas, lo que agrava la acumulación de casos.

El número de casos de deportación también continúa creciendo, a pesar de que los tribunales resolvieron un récord de 914,812 casos en el año fiscal 2024, un aumento del 36 por ciento respecto al año anterior. El condado de Miami-Dade, en Florida, lidera en el número de casos pendientes, mientras que Montana registra la mayor proporción de órdenes de remoción.

La situación es aún más preocupante para los niños migrantes no acompañados. Según un informe reciente, 26,000 menores, muchos de ellos demasiado pequeños para defenderse, han sido despojados de asistencia legal. La organización Voto Latino condenó la decisión de la Administración Trump de eliminar la representación legal para estos niños, lo que podría resultar en deportaciones sin la debida protección legal.

El programa que proporciona representación legal a los menores no acompañados, que ha estado en funcionamiento por más de 20 años, se ha visto afectado por los recortes, lo que agrava aún más la situación. La organización Acacia Center for Justice denunció la suspensión de su programa de ayuda legal a menores migrantes, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de estos niños.

Para muchos migrantes, especialmente los niños, el acceso al debido proceso y a una audiencia justa está en riesgo. Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes hacen un llamado al Congreso para que actúe en defensa de los derechos humanos de los menores, quienes no solo enfrentan una situación legal incierta, sino también el desamparo en un país extranjero.