La industria del gas licuado de petróleo (LP) en México atraviesa una de sus peores crisis en años. A tres años de la implementación del tope de precios, distribuidores y empresarios del sector denuncian que las condiciones actuales son insostenibles. Con pérdidas acumuladas, recortes de personal y cierres de operaciones, el sector ha decidido convocar a un paro nacional en la primera semana de junio como medida de presión ante la falta de diálogo por parte del gobierno federal.

Desde 2021, el precio del gas LP se mantiene regulado, lo que ha mermado los ingresos de los distribuidores hasta en un 50%. Esta situación ha generado dificultades para cubrir gastos básicos como sueldos, mantenimiento de flotillas, costos de distribución y seguros. Los afectados señalan que ya se han producido despidos y cierre de empresas, mientras las autoridades federales no han propuesto alternativas viables.

Durante una reciente conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre la situación. Reconoció el problema y mencionó que la Secretaría de Energía está abierta al diálogo. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado ningún encuentro formal con los representantes del sector.

Los distribuidores han dirigido sus críticas a la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, acusándola de intransigencia. Aseguran que la dependencia ha adoptado una actitud poco conciliadora e incluso persecutoria hacia quienes cumplen con la ley, afectando directamente la operación de cientos de pequeñas y medianas empresas.

El sector propone un ajuste al precio del gas LP, llevándolo de 10.61 pesos a 12 pesos por litro, con el argumento de que se trata de una tarifa más realista para mantener la cadena de suministro operando de manera eficiente y segura. Esta petición se ha convertido en el principal punto de la agenda que los gaseros quieren discutir con las autoridades.

La relevancia del gas LP en la vida cotidiana de los mexicanos es innegable: es utilizado por cerca del 76% de los hogares del país para cocinar, calentar agua y otros usos básicos. Una interrupción prolongada en su distribución tendría impactos severos, especialmente en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.

Ante la falta de soluciones, los empresarios del gas insisten en que el diálogo es el único camino para evitar consecuencias mayores. Señalan que el paro nacional no es una amenaza sino un recurso extremo al que se han visto orillados ante la falta de atención gubernamental.

El conflicto pone a prueba la capacidad del nuevo gobierno para atender los retos de un sector estratégico sin desatender su compromiso con el control de precios y la justicia social. Para los distribuidores, la sobrevivencia del gremio está en juego. Para millones de mexicanos, también lo está el acceso cotidiano a un servicio esencial.

La resolución del conflicto requerirá voluntad política, empatía social y compromiso técnico. El tiempo corre y la mecha, como advierten los gaseros, ya está encendida.