En el Congreso a veces se dicen cosas fuertes, pero pocas tan directas como las que soltó esta semana la diputada Margarita García García, del Partido del Trabajo y representante por Oaxaca. En plena conferencia de prensa acusó, sin rodeos, que al doctor Ovidio Pineda Castillo lo corrieron del hospital “Macedonio Benítez Fuentes”, en Juchitán, por atreverse a hacer lo que muchos prefieren callar: evidenciar la falta de medicamentos e insumos para atender a los pacientes.

Sí, así como se oye. Un médico que en vez de quedarse callado, se puso a exigir lo básico para que un hospital funcione —medicinas, jeringas, antibióticos, y no solo paracetamol— terminó relevado de su cargo en enero de este año, y ni siquiera le avisaron formalmente. De un día para otro, le quitaron la dirección del hospital, y pusieron en su lugar a Elia Martínez Sánchez, alguien que, según la diputada, ni experiencia médica tiene.

Y aquí es donde la cosa se pone aún más delicada: Margarita García, quien también es secretaria de la Comisión de Salud, asegura que este movimiento no fue casualidad ni un cambio administrativo cualquiera. Fue un “ajuste de cuentas” por levantar la voz, por denunciar que desde la Ciudad de México se están haciendo mal las cosas con los contratos, y que lo que llega a los hospitales, cuando llega, está caducado o es medicamento genérico que poco o nada ayuda en situaciones graves.

“Hoy el IMSS-Bienestar está siendo manejado con criterios políticos, no médicos”, sentenció. Y fue más allá. Le exigió al director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, que actúe ya para corregir este desorden. Y si no puede, que renuncie. Así, directo. Dijo que Svarch “sigue confiando en gobiernos que colocan a sus amigos, compadres o familiares, en vez de a gente con capacidad”, y lo acusó de ser solo un adorno al frente de una institución que debería estar salvando vidas, no repartiendo plazas por amiguismo.

Lo más grave, dijo, es que mientras en Palacio Nacional y en el discurso oficial se asegura que ya hay medicamentos en todos los hospitales del país, en la realidad —al menos en Juchitán— los doctores y enfermeros siguen con las manos vacías. Y no es porque no quieran atender a los pacientes, sino porque no tienen con qué.

“¿Dónde están los medicamentos? ¿Se están robando el dinero?”, preguntó la diputada, sin tapujos. Un reclamo fuerte, que lanza la pregunta que muchos se hacen desde hace tiempo, pero que pocos se atreven a decir en voz alta.

García García defendió con firmeza al doctor Ovidio, a quien calificó como un médico con principios, de esos que “México necesita más que nunca”, y denunció que el castigo por alzar la voz está siendo más fuerte que el reconocimiento por hacer lo correcto.

En medio de la transición federal y de un nuevo gobierno que promete una mejor política de salud pública, casos como este prenden focos rojos. Porque si los médicos que exigen condiciones dignas son castigados, ¿entonces quién se va a atrever a decir la verdad desde dentro del sistema?

La salud pública no puede seguir siendo rehén de decisiones administrativas erradas ni de cuotas políticas. Mucho menos, puede permitirse que quien exige condiciones justas sea silenciado. Y aunque parezca increíble, en pleno 2024, sigue pasando.