Ciudad de México, a 27 de enero de 2025. En la cuarta sesión de trabajo del Comité Técnico Asesor, celebrada en el Complejo Cultural Los Pinos, se abordó uno de los temas clave en la elaboración del Proyecto de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos: el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, culturalmente adecuado. Este derecho se erige como un pilar fundamental para el ejercicio pleno de los derechos sustantivos de estas comunidades, tal como lo expuso James Anaya, ex relator de la ONU.

Durante su conferencia introductoria, Anaya subrayó la importancia de la consulta como un mecanismo crucial para la autodeterminación de los pueblos indígenas y afromexicanos. «La consulta es una obligación del Estado para salvaguardar los derechos sustantivos de estos pueblos», aseveró el experto. Este derecho se fundamenta en instrumentos internacionales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen claramente que los Estados deben llevar a cabo consultas de buena fe, con el objetivo de alcanzar un acuerdo o el consentimiento respecto a medidas que los afecten.

En el contexto nacional, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), destacó avances clave en la implementación de la Reforma al Artículo 2° de la Constitución Mexicana. Subrayó la firma del Convenio de Coordinación con los gobiernos estatales y municipales para crear el Componente Indígena dentro del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), y la organización del Foro Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en Morelia, Michoacán, junto a otros 57 foros regionales en todo el país.

Regino Montes enfatizó que por primera vez, los recursos del FAIS llegarán directamente a las comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. «Este paso inédito permitirá que las comunidades ejerzan su autonomía de manera concreta, no solo en el discurso, sino en acciones reales», expresó, destacando que esta medida representa un cambio sustantivo en el proceso de transformación nacional.

En representación de la Secretaría de Gobernación, Víctor Toledo resaltó que este momento marca un hito en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas de México. «El desafío es construir un diálogo que permita llegar a acuerdos efectivos, cuyo peso jurídico garantice su implementación», explicó Toledo, resaltando que la propuesta debe ser innovadora no solo para México, sino también para los pueblos de América Latina.

Por su parte, Ángeles Arcos García, en representación de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, remarcó la importancia de la consulta para fortalecer la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la toma de decisiones. «Es crucial detallar las obligaciones derivadas de estos derechos para autoridades, empresas y la sociedad en general», puntualizó Arcos García.

Este encuentro reunió a representantes de diversas instancias gubernamentales, académicos y expertos indígenas, quienes coincidieron en que la consulta es una herramienta indispensable para asegurar la plena participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la construcción de su futuro.

Con esta cuarta sesión, el Comité Técnico Asesor da un paso más en la consolidación de una legislación que respete los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos, asegurando que sean escuchados y considerados en todas las decisiones que los afecten.