CDMX a 25 de septiembre, 2024.- El Senado de la República se unió a las acciones globales para concientizar a gobiernos y sociedades sobre el grave daño que representa la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. Durante un pronunciamiento con motivo del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, condenó estas prácticas que vulneran los derechos humanos de los sectores más indefensos de la sociedad.
“Es necesario seguir fortaleciendo el marco jurídico que nos permita combatir y eliminar este infame flagelo que afecta a las mujeres y a la infancia de nuestro país”, señaló Fernández Noroña. En México, este problema es alarmante: el país ocupa el tercer lugar mundial en violencia sexual infantil, solo detrás de Camboya y Tailandia.
Durante la sesión, diversos senadores subrayaron la necesidad de tomar acciones urgentes. Laura Esquivel Torres, del PAN, pidió que se priorice la protección de los menores por encima de cualquier interés partidista. Por su parte, Carolina Viggiano Austria, del PRI, lamentó que el sistema de protección de menores, creado en la administración pasada, ahora carezca de recursos suficientes para operar de manera efectiva.
Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, detalló los terribles efectos del abuso infantil, recordando que este puede ser físico, psicológico o sexual, y que las víctimas sufren consecuencias graves, como depresión y alteraciones en su conducta. Además, destacó que la explotación sexual de menores es particularmente brutal, ya que involucra la entrega de infantes a cambio de compensaciones económicas.
Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, señaló que alrededor de 14 niñas y niños desaparecen cada día en México, lo que posiciona al país como el segundo destino global de explotación sexual infantil. Ante esta realidad, insistió en la necesidad de implementar estrategias integrales para proteger a la infancia de manera efectiva.
El Senado se comprometió a seguir trabajando en la creación y modificación de leyes que permitan frenar la explotación sexual y el tráfico de personas, en particular de los grupos más vulnerables. La urgente necesidad de protección y justicia para las víctimas fue un tema que resonó entre los legisladores, quienes reafirmaron su compromiso de luchar contra este flagelo.