El 21 de febrero de 2025, el gobierno de Perú emitió un comunicado oficial acusando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de violar el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Esta acusación surge tras la reunión de Sheinbaum con Guido Croxatto, abogado argentino que representa la defensa del ex presidente peruano Pedro Castillo, y su posterior declaración de apoyo a la «causa justa» de Castillo. Castillo, quien fue destituido en diciembre de 2022 tras un intento fallido de disolver el Congreso, se encuentra en prisión preventiva y está programado para enfrentar juicio a partir del 4 de marzo de 2025 por cargos relacionados con rebelión, conspiración y abuso de autoridad.

El 20 de febrero de 2025, Sheinbaum, quien asumió la presidencia de México en octubre de 2024, recibió a Croxatto en el Palacio Nacional. En un X post, expresó: «Recibí a Guido Croxatto, quien encabeza en Perú la causa justa de la defensa de Pedro Castillo. Deben prevalecer la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos». Esta declaración, aunque general, fue interpretada por Perú como una interferencia en su sistema judicial y político, dado el contexto de Castillo.

Perú, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó las declaraciones de Sheinbaum, argumentando que reflejan «un total desconocimiento del fallido golpe de estado que el señor Pedro Castillo realizó el 7 de diciembre de 2022». El comunicado, citado por medios como El Universo, añade que la postura de Sheinbaum demuestra «un marcado irrespeto por el Estado de Derecho y el principio de no intervención», un principio fundamental del Derecho Internacional que prohíbe a los estados interferir en los asuntos internos de otros.

Pedro Castillo, elegido presidente de Perú en 2021, enfrentó una presidencia marcada por inestabilidad política y acusaciones de corrupción. En diciembre de 2022, intentó disolver el Congreso, un acto considerado un golpe de estado, lo que llevó a su destitución y arresto. Desde entonces, ha estado en prisión preventiva, y su caso sigue siendo polarizante en Perú, con partidarios que lo ven como víctima de un sistema político hostil y opositores que lo acusan de subvertir la democracia. Su juicio, programado para el 4 de marzo de 2025, incluye cargos graves como rebelión y abuso de autoridad.

Esta no es la primera vez que México y Perú chocan por Castillo. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México expresó apoyo a Castillo, incluso calificando su destitución como «espuria» y negándose a reconocer a la presidenta interina Dina Boluarte en enero de 2023. Esto llevó a Perú a retirar temporalmente a su embajador de México, tensionando las relaciones bilaterales. La postura de Sheinbaum parece continuar esta línea, lo que sugiere una continuidad en la política exterior mexicana hacia Perú, posiblemente influenciada por afinidades ideológicas, dado que ambos, Sheinbaum y Castillo, provienen de corrientes políticas de izquierda.

El debate sobre si las acciones de Sheinbaum constituyen intervención es complejo. Según el profesor de Derecho Internacional Juan Pérez, de la Universidad de México, «expresar apoyo a una defensa legal está dentro del marco de la libertad de expresión y no necesariamente viola el principio de no intervención. Sin embargo, cuando un jefe de estado lo hace, puede interpretarse como una declaración política que podría influir en el proceso legal de otro país». Por otro lado, la experta legal peruana María Gómez, citada en Milenio, argumenta: «Los comentarios de Sheinbaum no son solo opiniones personales; provienen del líder de una nación y pueden verse como un intento de influir en la opinión pública y poner presión sobre nuestro poder judicial. Eso ciertamente se siente como intervención para mí».

Las relaciones entre México y Perú, ya frágiles desde 2023, podrían verse aún más afectadas por este incidente. La decisión de Sheinbaum de apoyar públicamente a Castillo, especialmente tan cerca de su juicio, podría ser vista como un gesto de solidaridad ideológica, pero también como una provocación diplomática. Según Peru21, las tensiones podrían reabrir heridas diplomáticas, especialmente si México no responde de manera conciliatoria. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial del gobierno mexicano, lo que deja abierta la posibilidad de escalada o negociaciones futuras.

A fecha de hoy, 21 de febrero de 2025, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta inmediata a la protesta de Perú. Este silencio podría interpretarse como una estrategia de espera o como una señal de que México mantendrá su postura. Queda por ver si este incidente llevará a acciones formales, como la retirada de embajadores o sanciones diplomáticas, o si ambas partes buscarán canales de diálogo para reducir tensiones. Dado el historial reciente, es probable que este episodio marque un nuevo capítulo en las relaciones entre México y Perú, con implicaciones para la cooperación regional en América Latina.