Claudia Sheinbaum defiende legitimidad estatal tras acusaciones de Donald Trump

Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la soberanía y existencia del Estado mexicano frente a las denuncias de control criminal emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cumbre del G7. Al afirmar que el mandatario norteamericano «no está bien informado», la jefa del Ejecutivo federal vinculó la operatividad de sus instituciones con la contención del crimen organizado, en un contexto marcado por el escrutinio judicial de Washington que mantiene bajo acusación penal a 10 altos funcionarios mexicanos por delitos de narcotráfico.

La tensión institucional entre ambos gobiernos se intensificó tras la difusión de los expedientes del Departamento de Justicia estadounidense, los cuales involucran de manera directa al gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta investigación por tráfico de estupefacientes y uso de armas de fuego de uso exclusivo militar ha condicionado las mesas de negociación bilateral, forzando a la administración central mexicana a certificar la limpieza interna de sus mandos policiales y estatales.

Para contrarrestar los cuestionamientos sobre la integridad de la función pública, Sheinbaum Pardo expuso la trayectoria de los titulares del gabinete de seguridad como garantía de rendición de cuentas. La mandataria citó de forma específica el expediente del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en 2020, utilizándolo como evidencia del costo humano que asume el aparato burocrático en el combate a las mafias.

Las auditorías de la cooperación bilateral registran que los reclamos norteamericanos omiten los resultados de las operaciones de campo financiadas con presupuesto federal mexicano. La captura y abatimiento de objetivos prioritarios, junto al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, forman parte de los compromisos de seguridad nacional que México utiliza para justificar la eficacia de sus programas de gasto militar ante los inspectores de la contraparte estadounidense.

La estrategia de fiscalización de las rutas de narcotráfico terrestre fue presentada al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en los encuentros de trabajo sostenidos en Palacio Nacional. Los informes técnicos demuestran que las agencias mexicanas han cerrado los pasos fronterizos informales que servían para la distribución de fentanilo, un esfuerzo de vigilancia que ha costado recursos extraordinarios al erario público de la federación durante el presente ejercicio fiscal.

La negativa de Sheinbaum a profundizar en la confrontación retórica con Trump busca proteger los flujos de inversión extranjera y evitar penalizaciones comerciales directas que afecten la estabilidad de la frontera norte. El Congreso mexicano mantiene bajo revisión las asignaciones presupuestales para la modernización tecnológica de las aduanas, buscando cumplir con los estándares internacionales de control de contrabando que exige el gobierno de Washington.

El Poder Ejecutivo federal reiteró que la fiscalización de los gobernadores y funcionarios locales imputados por agencias extranjeras corresponde de manera primaria a las instituciones de justicia mexicanas, bajo el principio de autodeterminación. Las mesas de seguridad estatales continuarán siendo auditadas centralmente para prevenir la infiltración de organizaciones criminales en los cuerpos policiales municipales, un problema estructural que la administración actual busca subsanar mediante el fortalecimiento de la Guardia Nacional.