Por Juan Pablo Ojeda
En una sorprendente movida política, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado que presentará mañana una iniciativa para prohibir la siembra de maíz transgénico en todo el territorio mexicano, elevando esta medida a nivel constitucional. Este anuncio se da apenas un día después de que Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmara un decreto similar para la capital del país.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum declaró: «Ya está lista la iniciativa, yo creo que la enviamos el día de mañana. Es muy sencilla y es la prohibición de la siembra de maíz transgénico en el país para que sea llevada a la Constitución.»
La presidenta destacó la importancia de esta medida, no solo para la protección del patrimonio biocultural del maíz en México, sino también como un reflejo de políticas ambientales y de salud pública que ya han sido implementadas en el pasado. Sheinbaum celebró la acción de Brugada, recordando su propia experiencia al frente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en el año 2001, donde se promulgó un decreto similar. «Clara reafirma algo que venía de tiempo cuando fui secretaria del Medio Ambiente en el 2001, de la Ciudad de México, hicimos un decreto similar, después como jefa de Gobierno lo reafirmamos y me da mucho gusto que lo reafirme ahora Clara», subrayó.
Esta iniciativa no solo busca preservar la biodiversidad del maíz, un alimento central en la cultura y dieta mexicana, sino que también responde a preocupaciones sobre la salud y el impacto ambiental de los cultivos transgénicos. La prohibición constitucional del maíz transgénico podría enfrentarse a resistencias tanto de sectores económicos como de actores internacionales que han promovido estas tecnologías agrícolas.
La propuesta de Sheinbaum se enmarca en una política más amplia de protección del medio ambiente y la soberanía alimentaria, temas que han cobrado relevancia en la agenda política de México en los últimos años. Si se aprueba, esta iniciativa podría marcar un hito en la legislación ambiental del país y servir como ejemplo para otras naciones con preocupaciones similares sobre los organismos genéticamente modificados.
