Por Juan Pablo Ojeda

Este viernes 14 de febrero, se desató una nueva controversia dentro del Poder Judicial de la Federación, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidiera denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los jueces que otorgaron amparos contra la reforma al Poder Judicial. La medida ha generado una fuerte reacción por parte de magistrados federales, quienes consideran que la decisión del CJF pone en riesgo la independencia de la justicia en México.

Durante una conferencia matutina, los magistrados denunciaron que varios consejeros del CJF, entre ellos Bernardo Bátiz, Verónica De Gyvés Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez, fueron quienes votaron a favor de remitir los casos a la FGR, lo que, según ellos, representa un claro ataque a la autonomía judicial. La decisión de denunciar a los jueces que otorgaron los amparos fue considerada por muchos como un paso más hacia el control político sobre el sistema judicial.

La magistrada Julia María del Carmen García González expresó su preocupación por este giro en los acontecimientos, afirmando que el CJF, en lugar de garantizar la independencia de los jueces, ahora actúa como un órgano persecutor. “Es algo que nos estremece. Que sepan que el CJF ha tomado ya la decisión de denunciar a los jueces”, apuntó la magistrada durante la contramañanera de los juzgadores.

García González fue enfática al señalar que la mayoría oficialista dentro del CJF ha dado luz verde a esta denuncia, lo cual reitera lo que muchos ya temían: los órganos del poder judicial están siendo cooptados por el oficialismo, lo que limita la autonomía y la imparcialidad de los jueces. “Es increíble que el propio CJF, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, sea ahora quien persiga a jueces y juezas por tomar decisiones que, por su naturaleza, son inherentes a su función”, criticó la magistrada.

La magistrada también mostró su solidaridad con los jueces María Gabriel Ruiz Márquez y Sergio Santamaría Chamu, quienes, según se ha informado, serían los primeros en enfrentar acusaciones penales por haber otorgado amparos contra la reforma al Poder Judicial.

Este conflicto no solo pone en cuestión la independencia judicial, sino que también podría abrir la puerta a un nuevo escenario: la creación de un Tribunal de Disciplina, en el cual los jueces se verían obligados a “sopesar” las decisiones del grupo político en el poder. García González señaló que este tipo de medidas reflejan un grave retroceso para el sistema judicial mexicano, ya que los jueces podrían verse presionados a tomar decisiones en función de la conveniencia política y no en función de la ley.

Este episodio forma parte del debate más amplio sobre la reforma al Poder Judicial, una de las iniciativas más controvertidas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma ha sido rechazada por diversos sectores del poder judicial, quienes argumentan que busca concentrar el poder en el Ejecutivo y socavar la autonomía de los jueces y magistrados. La denuncia de los jueces que otorgaron amparos es solo uno de los capítulos de una batalla legal que podría redefinir el equilibrio de poderes en el país.