Por Juan Pablo Ojeda
Este 27 de agosto, poco después de las 11:00 horas, el empresario Carlos Ahumada Kurtz hizo su entrada al Reclusorio Norte de la Ciudad de México para asistir a una audiencia judicial crucial. La audiencia, que se celebró en la Sala de Audiencias 19 del centro penitenciario, tiene como objetivo resolver si la sanción privativa de la libertad y las multas impuestas en 2009 por el delito de fraude prescriben o no.
Ahumada, conocido por sus enfrentamientos legales en México, llegó al reclusorio vestido con un traje oscuro, acompañado por su abogado Enrique Ostos y su hijo Carlos Emiliano Ahumada. La audiencia, que estaba originalmente programada para el 21 de agosto, fue reprogramada por el juez de ejecución de sanciones, Rubén Godínez Cerón. La razón de este cambio se debió a la designación de nuevos apoderados legales por parte de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.
Durante la audiencia, el juez Godínez Cerón deberá decidir si Ahumada aún debe cumplir con el tiempo restante de su pena carcelaria y las sanciones monetarias impuestas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). El 16 de julio, la FGJCDMX declaró que al empresario le quedaba pendiente una reclusión de un año, 10 meses y 23 días, además de una multa de 30 millones de pesos por reparación del daño.
Carlos Ahumada fue condenado en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal a cinco años de prisión por fraude genérico y fraude genérico continuado en contra de la delegación Gustavo A. Madero. No obstante, solo cumplió tres años de su sentencia antes de abandonar el país.
La Fiscalía de la Ciudad de México aclaró en un comunicado que es falso que Ahumada haya cumplido con toda la pena impuesta. Por esta razón, su equipo legal solicitó la audiencia para argumentar la prescripción de la pena, con la esperanza de evitar su reclusión en un centro penitenciario.
El 30 de julio, Ahumada logró una suspensión definitiva que impide su detención tanto en México como en el extranjero. El dictamen del juez Erik Zabalgoitia Novales, adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, estableció que las autoridades deben abstenerse de cualquier acto que limite la libertad de Ahumada. Para que esta protección se mantenga, se le requirió el pago de un millón 44 mil 236 pesos como reparación del daño y la presencia de Ahumada ante el juez cada vez que sea requerido durante el proceso.
La audiencia de hoy es un momento decisivo en el complejo y prolongado caso de Carlos Ahumada, cuyo futuro legal y penal podría definirse en esta instancia clave.