Por Juan Pablo Ojeda
La Asociación Internacional de Jueces (AIJ), con sede en Roma, ha manifestado su firme oposición a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, que propone que los jueces sean elegidos mediante voto popular a partir del año 2025, ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional.
En su declaración, la AIJ cuestiona que la reforma propuesta va en contra de principios fundamentales que sostienen que los jueces deben ser nombrados basándose en méritos y criterios objetivos que respeten sus competencias profesionales. Según el organismo, la reforma podría interferir con el principio de seguridad en el cargo, que establece que el mandato de un juez solo debe terminar a través de un proceso disciplinario formal o si el juez es declarado no apto para su puesto mediante procedimientos específicos.
La AIJ subraya que cualquier reforma judicial debe alinearse con principios universalmente aceptados de independencia judicial, necesarios para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a tribunales imparciales y que sus libertades sean protegidas por jueces libres de presiones externas. En este contexto, la AIJ ha instado al presidente López Obrador a reconsiderar su propuesta, subrayando la necesidad de respetar estos principios fundamentales.
La reforma al Poder Judicial, promovida por el gobierno de López Obrador, ha dado un primer paso significativo en su avance legislativo. Recientemente, la iniciativa fue aprobada en lo general y en lo particular por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El respaldo fue mayoritariamente proporcionado por los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que la oposición expresó su rechazo.
La reforma incluye la propuesta de realizar comicios para elegir a los jueces y una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La controversia generada por esta reforma ha llevado a la AIJ a hacer un llamado a la comunidad internacional para unirse en la protección de la independencia judicial y en la defensa de principios que aseguren una justicia imparcial y efectiva.
En respuesta a las críticas, el gobierno mexicano ha defendido la reforma como un esfuerzo por democratizar el sistema judicial y aumentar su transparencia. No obstante, la oposición tanto a nivel nacional como internacional resalta la necesidad de una reforma integral que respete los estándares internacionales de independencia judicial y garantías procesales.
La discusión sobre esta reforma continúa, y su impacto en el sistema judicial mexicano y en la percepción internacional del país seguirá siendo un tema de considerable interés y debate.