La violencia en Michoacán continúa cobrando vidas de figuras políticas y de seguridad pública. Lizbeth Estela Romero Tafolla, directora de Seguridad Pública de Angamacutiro, y Aurelio Santos Contreras, excandidato a la alcaldía de Cotija, fueron asesinados en ataques separados que han encendido las alarmas en el estado. Ambos homicidios se suman a una serie de crímenes que reflejan la compleja situación de seguridad en la región.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre el asesinato de Lizbeth Estela Romero Tafolla, directora de Seguridad Pública de Angamacutiro, quien fue asesinada a balazos en su propio domicilio. Equipos de investigación de la fiscalía se encuentran en el lugar recabando pruebas para esclarecer los detalles del crimen. Este asesinato se suma a una serie de ataques recientes contra funcionarios de seguridad en el estado, destacando la creciente vulnerabilidad de quienes están a cargo de proteger a la población.
El lunes, el excandidato a la presidencia municipal de Cotija, Aurelio Santos Contreras, fue asesinado en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres de Cotija. Según informes preliminares, Santos recibió múltiples disparos en la colonia Valleverde, y su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia. Santos Contreras, quien anteriormente se desempeñó como presidente municipal bajo el partido Morena, estaba buscando regresar a la alcaldía en el próximo proceso electoral como candidato del PRD.
Estos asesinatos se suman al de Yolanda Sánchez Figueroa, exalcaldesa de Cotija, quien fue secuestrada en junio de 2023 y liberada días después. Michoacán ha enfrentado una escalada de violencia en los últimos años, particularmente contra figuras políticas y autoridades locales. Estos crímenes generan inquietud en la ciudadanía y en el ámbito político, quienes ven en estos ataques un mensaje de intimidación y una muestra de la crisis de seguridad en el estado.
La Fiscalía de Michoacán ha abierto investigaciones para ambos casos y ha desplegado equipos multidisciplinarios para recolectar indicios y avanzar en la resolución de los crímenes. Sin embargo, la sociedad exige respuestas claras y efectivas para detener esta ola de violencia que afecta a la región. La falta de seguridad y el alto índice de impunidad en casos de violencia política en Michoacán subrayan la necesidad de un enfoque integral en materia de seguridad y justicia.
La violencia en Michoacán afecta tanto a figuras políticas como a la población civil, en una región que ya ha sido duramente golpeada por el crimen organizado y la impunidad.