AMLO gana la primera batalla en la Corte: su ley sobre industria eléctrica sí es constitucional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) frenó la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de sus principales proyectos de sexenio.
Editor web Maya Comunicación CDMX a 09 de abril del 2022.-La reforma al sector eléctrico que desea realizar el Gobierno de México avanza a paso firme pese a las inconformidades de la oposición y algunos sectores públicos y privados de Estados Unidos.
Este 7 de abril, la máxima autoridad judicial del país latinoamericano no alcanzó los votos necesarios para suprimir una parte esencial de la reforma legal de marzo de 2021, la cual favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas. Con ello, el presidente López Obrador gana su primera batalla en su plan por darle al Estado un mayor control de la industria eléctrica.
Los ministros de la Corte que votaron a favor de la declaración de constitucionalidad de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica —es decir, que estuvieron de acuerdo con la reforma propuesta por la Presidencia— fueron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmin Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Arturo Zaldívar, quien es el ministro presidente de la SCJN.
Los otros siete ministros, en cambio, alegaron que la reforma es inconstitucional porque infringe el principio de libre competencia en la región y viola el derecho al un medio ambiente libre de emisiones tóxicas y contaminación, dos argumentos que constantemente han sido denostados por López Obrador y los integrantes de Morena, su partido político que tiene mayoría en el Congreso.
Sin embargo, todavía hay oportunidad de que los planes presidenciales se vean frustrados, ya que aún queda la discusión de otros temas, como las tarifas de electricidad para los consumidores finales; la revocación y revisión de permisos del sector con las compañías privadas (entre ellas, Iberdrola); la posible violación de tratados internacionales en materia económica, comercial y ambiental, así como el mecanismo del certificado de energías limpias y los principios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Tomado de Sputnik.
