Por Juan Pablo Ojeda
En un momento crucial en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en la conferencia de prensa matutina del 26 de septiembre. La defensa de García Luna ha solicitado al juez estadounidense Brian M. Cogan una sentencia mínima de 20 años en prisión. Sin embargo, el presidente optó por no emitir una opinión contundente al respecto, aunque destacó que esta solicitud implica una aceptación de culpabilidad por parte del exfuncionario.
López Obrador hizo un llamado a esperar la decisión del juzgador, quien dictará la sentencia el próximo 9 de octubre. «Vamos a esperar, no tengo opinión. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad», afirmó. El presidente subrayó que el hecho de que el abogado de García Luna plantee una pena de 20 años es una indicación de que reconoce su responsabilidad en los delitos que se le imputan. Además, enfatizó la importancia de que la justicia considere el daño causado tanto a la sociedad mexicana como al pueblo y gobierno de Estados Unidos.
Por otro lado, el presidente hizo un llamado al expresidente Felipe Calderón Hinojosa para que se pronuncie sobre el caso, cuestionando cómo fue que García Luna llegó a ocupar un cargo tan relevante en su administración. «¿Cómo lo llamó a colaborar? ¿Quién se lo recomendó?», inquirió. López Obrador insistió en que Calderón debería informar al público sobre su opinión y su conocimiento respecto a la situación de García Luna.
La defensa de García Luna, a través de una carta dirigida al juez, argumenta que 20 años de prisión sería «más que suficiente» y equilibraría adecuadamente los delitos con la trayectoria de su cliente. Los abogados alegan que el exfuncionario ha enfrentado ataques públicos y ha perdido prácticamente todo lo que había construido a lo largo de su carrera. En un intento por buscar una sentencia más benigna, presentaron 19 cartas de apoyo de familiares, amigos y excolegas.
Con la presentación de García Luna programada para el 9 de octubre en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, la atención se centra en cómo este caso podría afectar la percepción pública sobre la corrupción y la seguridad en México, así como en el legado de las administraciones pasadas.