Abogado de El Chapo entregará lista de 32 funcionarios a EE. UU.

Por Juan Pablo Ojeda

Gerardo Rincón Flores, abogado defensor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, anunció que enviará a las autoridades del gobierno de Estados Unidos un expediente que contiene los nombres de 32 funcionarios y exfuncionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico. El litigante confirmó que los datos recabados serán canalizados directamente a las agencias estadounidenses encargadas de las investigaciones correspondientes.

El anuncio establece de manera cuantitativa que el listado incluye a servidores públicos que se mantienen activos en sus funciones dentro de los diferentes niveles de gobierno, así como a exfuncionarios que actualmente gozan de licencia o se encuentran fuera de la administración pública. Hasta este momento, el litigante no ha presentado públicamente las pruebas documentales o testimoniales que sustenten de manera material los señalamientos emitidos.

La entrega del documento se formalizará ante las instancias judiciales del país vecino bajo el argumento de que el material debe ser integrado a las carpetas de investigación vigentes sobre el tráfico de estupefacientes. Rincón Flores precisó que los datos recopilados permitirán a los fiscales norteamericanos trazar las líneas de operación económica y de protección institucional de los carteles.

De forma complementaria, el representante legal denunció la recepción de amenazas directas hacia su persona a raíz del manejo de esta información. Asimismo, desmarcó a su representado de las cartas que recientemente se han difundido en medios de comunicación, asegurando de forma tajante que dichos textos no poseen autenticidad ni el aval del capo sinaloense.

Hasta la fecha, ninguna dependencia del gobierno de Estados Unidos ni el Departamento de Justicia han emitido una confirmación oficial sobre la recepción de la lista de los 32 implicados. Los nombres de los señalados permanecen bajo estricto resguardo del equipo legal, argumentando motivos de seguridad procesal y protección de la investigación en curso.

El impacto institucional de estas declaraciones se enmarca en un periodo de métricas de alta tensión diplomática entre las administraciones de México y Estados Unidos. Las fricciones bilaterales se han agudizado debido al incremento de indagatorias unilaterales por parte de agencias extranjeras sobre la filtración del crimen organizado en las estructuras del Estado mexicano.

La resolución de la veracidad de estos datos dependerá exclusivamente del análisis técnico, el desglose de pruebas y el desahogo de evidencias que el equipo legal presente ante los tribunales competentes. Al no existir una corroboración judicial previa, los señalamientos se mantienen en calidad de declaraciones de parte dentro del marco legal vigente.