Por Bruno Cortés
La diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados por Morena, destacó la importancia de la reforma constitucional que busca garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres en México, un cambio fundamental para que todas las mujeres puedan gozar de los mismos derechos y oportunidades en la sociedad. Esta reforma no solo reconoce la igualdad de manera formal, sino que establece un mandato constitucional para que el Estado mexicano garantice la igualdad efectiva en todos los aspectos de la vida de las mujeres, desde lo jurídico hasta lo económico y lo social.
Padierna explicó que el objetivo de la reforma es eliminar los obstáculos que históricamente han impedido a las mujeres ejercer plenamente sus derechos. Según la diputada, la reforma propone una actualización del artículo 4º de la Constitución, donde se pasaría de un reconocimiento de igualdad formal, que dice que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”, a un texto que afirma que “el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres”. Esto representa un cambio importante, ya que no solo se reconoce la igualdad en términos de la ley, sino que se obliga al Estado a generar las condiciones necesarias para que esa igualdad sea real y efectiva en la vida cotidiana.
Además, esta reforma también introduce cambios significativos en la protección contra la violencia. Se reconoce en la Constitución el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencias, y se establece que el Estado debe tomar medidas reforzadas para proteger a las mujeres, adolescentes y niños frente a cualquier tipo de violencia. Padierna subrayó que esta reforma incorpora un mandato para que las autoridades de todos los niveles de gobierno establezcan leyes, cambios administrativos y presupuestales que garanticen este derecho.
Otro aspecto clave de la reforma es el fortalecimiento de la paridad de género en los nombramientos de cargos públicos. La diputada explicó que, con la reforma al artículo 41 de la Constitución, se eleva a rango constitucional la obligación de garantizar la paridad de género en los nombramientos de las personas que encabecen dependencias de las administraciones públicas en todos los niveles: federal, estatal y municipal. Este cambio busca asegurar que haya una representación equitativa de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones en el gobierno.
La reforma también hace un avance importante en la protección de las mujeres frente a la violencia de género, incorporando la perspectiva de género en las instituciones de seguridad pública y justicia. Esto incluye medidas para que las fiscalías a nivel estatal cuenten con unidades especializadas en la investigación de delitos de género. De esta manera, las autoridades federales y locales tendrán la obligación de actuar con enfoque de género, lo que fortalecerá la protección de las mujeres y su acceso a la justicia.
Uno de los puntos más destacados de la reforma es el artículo 123, que aborda las brechas salariales de género. La reforma establece de manera clara que “a trabajo igual, salario igual”, lo que significa que no debe haber ninguna justificación para que las mujeres reciban menos salario por hacer el mismo trabajo que los hombres. Además, se incorpora el concepto de género junto con sexo y nacionalidad como categorías a considerar en la lucha contra la discriminación salarial. Este cambio tiene como objetivo garantizar que se legisle para erradicar las desigualdades salariales entre hombres y mujeres.
En resumen, esta reforma constitucional busca ser un paso crucial para salvar la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las mujeres, garantizando sus derechos de manera plena y efectiva. Se trata de un esfuerzo para lograr una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres tengan las mismas oportunidades y condiciones para desarrollarse, sin barreras jurídicas, sociales, económicas o culturales que las limiten.