Por Bruno Cortés
La cuenta pública de un país es como el recibo de una tienda después de una compra grande: muestra cómo y en qué se gastó el dinero de todos. En México, ese recibo lo prepara la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y es revisado por los legisladores para asegurarse de que cada peso se haya gastado correctamente. Pero, como suele suceder, las cosas no siempre son tan claras como parecen.
Recientemente, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los diputados del PRI, Nadia Navarro Acevedo y Jericó Abramo Masso, pusieron el dedo en la llaga. El tema del que hablaron fue la Cuenta Pública 2022, un documento clave para entender cómo el gobierno manejó los recursos el año pasado. Y aunque el documento llegó a manos de los legisladores antes de la discusión, lo hizo con un tiempo insuficiente para hacer un análisis profundo. «Nos llegó pocas horas antes de la discusión», explicó Jericó Abramo, quien pidió que, en futuras ocasiones, los informes lleguen al menos dos días antes para que los diputados puedan estudiarlos a fondo y darles la importancia que merecen.
Pero no solo es una cuestión de tiempos. Para los legisladores del PRI, lo que realmente preocupa es la falta de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos. Nadia Navarro lo dejó claro: «Este documento no cumple con las expectativas de transparencia, eficiencia y responsabilidad que nuestro país necesita.» Al revisar la cuenta, los diputados encontraron razones claras para exigir un mejor manejo de los recursos públicos, sobre todo porque, según señalaron, muchos de los fondos destinados a los programas sociales no llegaron a las personas que más los necesitaban.
Uno de los puntos más críticos que mencionaron fue el aumento de la deuda pública. Jericó Abramo recordó que, en 2018, la deuda de cada mexicano era de 84,117 pesos, mientras que hoy ya asciende a 117,178 pesos. «En 2018 la deuda era de 10.55 billones de pesos y hoy se entregó con casi 16.5 billones», señaló. Es decir, no solo se deben más recursos, sino que ese dinero está cada vez más lejos de las manos de la gente.
A esto se suma un problema que lleva tiempo: la forma en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) distribuye su trabajo. Actualmente, el 80% de los recursos que la ASF audita son de los estados y municipios, mientras que solo el 20% corresponde al gasto federalizado, es decir, a los recursos que directamente maneja el gobierno federal. Los diputados del PRI consideran que esto es injusto y que hace falta más control y seguimiento a los recursos que se asignan directamente desde el gobierno central.
Al final del día, lo que estos dos diputados del PRI piden es que el dinero público se maneje de manera más justa, transparente y eficaz. Educación, salud, y vivienda deben ser las prioridades, y los recursos destinados a estas áreas deben llegar de manera correcta a quienes más lo necesitan. En otras palabras, el dinero debe estar mejor focalizado en las necesidades más urgentes del país.
En resumen, lo que los legisladores del PRI están demandando es simple: más tiempo para analizar los documentos, mejor transparencia y, sobre todo, que los recursos públicos se manejen con responsabilidad. Después de todo, ese dinero es de todos los mexicanos, y debe ser usado de la mejor manera posible para mejorar la vida de la gente.