Después de años de investigaciones, fugas internacionales y procesos judiciales, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, compareció este viernes ante un juez federal en México por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Su audiencia fue realizada de manera remota desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece recluido desde su deportación el 10 de abril.

El exmandatario priista, que gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2005, es señalado por recibir fondos del Cártel del Golfo y de Los Zetas para financiar su campaña electoral, así como por lavar dinero para dichas organizaciones durante su gestión.

Yarrington estuvo prófugo de la justicia mexicana por casi cinco años, hasta que fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017. La captura fue posible gracias a una ficha roja de Interpol y la colaboración entre autoridades italianas y estadounidenses.

Un año después, en 2018, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Durante su estancia en ese país, cooperó con las autoridades norteamericanas y llegó a acuerdos que derivaron en su reciente deportación a México para enfrentar la justicia local.

La audiencia en México se celebró a puerta cerrada, debido a que el caso pertenece al antiguo sistema de justicia penal, vigente cuando se inició la carpeta de investigación en 2012. Esto también implicó que no se le trasladara físicamente a Matamoros, donde tiene sede el juzgado federal que lleva su caso, sino que se conectara por videoconferencia desde el Altiplano, una medida para evitar riesgos logísticos y de seguridad.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) fue pieza fundamental para armar el caso en su contra. En 2011, reveló que Yarrington habría recibido sobornos de grupos criminales a cambio de protección y favores políticos durante su mandato como gobernador.

Además, se le investiga por adquirir propiedades en Estados Unidos a través de prestanombres, utilizando fondos de origen ilícito, según documentos judiciales presentados en Texas.

El proceso judicial apenas comienza en México, pero las acusaciones son graves y están respaldadas por más de una década de investigaciones. De comprobarse su culpabilidad, Yarrington podría enfrentar varias décadas en prisión por los delitos federales que se le imputan.

Este caso se suma a una larga lista de exgobernadores mexicanos acusados o condenados por delitos similares, y vuelve a poner sobre la mesa el vínculo entre política y crimen organizado en México.