En México, el sistema de justicia no es perfecto, y muchos de los que más lo sufren son las mujeres que, en ocasiones, se enfrentan a una batalla legal que parece no tener fin. Este es el caso de Gabriela Pablos Saucedo, una activista y periodista que ha denunciado durante años la violencia vicaria que sufrió por parte de su expareja y el sistema de justicia mexicano, que, según ella, no ha hecho nada por garantizar sus derechos ni los de su hijo.

La diputada Margarita García García, del Partido del Trabajo (PT), se ha unido a la lucha de Pablos Saucedo, respaldando sus exigencias de que el Gobierno Federal y el estatal de Sinaloa actúen para que haya justicia en este caso. “No vamos a quedarnos calladas”, afirmó García durante una rueda de prensa, mientras lamentaba la violencia vicaria que, según ella, sigue prevaleciendo en el país. Este tipo de violencia, donde los padres, en este caso los exmaridos, buscan usar a sus hijos como una herramienta de venganza en los conflictos familiares, es uno de los mayores problemas que enfrentan muchas mujeres.

Gabriela relató cómo, tras su separación en 2019 de su primer pareja con quien tuvo un hijo, su vida se complicó aún más cuando, en 2020, tras iniciar una nueva relación, se vio involucrada en una serie de demandas legales que le separaron de su segundo hijo, apenas de siete meses, y la dejaron atrapada en un laberinto judicial sin salida. Todo esto mientras enfrentaba también una disputa por la custodia de su primer hijo. El caso de Gabriela es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando la violencia vicaria se combina con un sistema de justicia que, según la activista, favorece a los agresores.

Hoy, su caso se encuentra bajo la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que pone al Gobierno mexicano bajo el ojo de organizaciones internacionales que piden transparencia en la respuesta del país a las denuncias de abusos hacia las mujeres y las infancias. Pablos Saucedo no tiene dudas de que la corrupción en el sistema de justicia es una de las principales causas de la impunidad. “En este México no hay justicia para las mujeres, no hay justicia para una madre que está viviendo abusos”, expresó con frustración.

Por su parte, la diputada García, en su discurso, subrayó la necesidad urgente de que el Gobierno federal y el estatal de Sinaloa tomen en serio los casos de violencia vicaria y se comprometan a luchar contra la violencia de género y la corrupción en el sistema judicial. Reconoció que, aunque ha habido avances en la lucha por los derechos de las mujeres, todavía falta mucho por hacer. En su intervención, García también hizo un llamado a todas las mujeres a tomar las riendas de su poder: “Las mujeres hoy más que nunca debemos demostrar el poder que tenemos. Seamos proactivas. Demostremos que somos un pilar fundamental en la vida de nuestro México y del mundo entero”, agregó.

El caso de Gabriela Pablos es solo uno entre miles de historias de mujeres que han sido víctimas de un sistema que muchas veces las revictimiza, las estigmatiza y las deja desprotegidas. La violencia vicaria no solo destruye la vida de las madres, sino que también afecta de forma irreversible a los niños, quienes se ven atrapados en una dinámica de sufrimiento y separación.

Es hora de que el sistema de justicia mexicano cambie, de que las políticas públicas de protección a las mujeres se apliquen de manera efectiva y que se tomen en cuenta los derechos de las infancias. El llamado de Margarita García y Gabriela Pablos es claro: no más impunidad, no más violencia, no más indiferencia.