El pasado 15 de septiembre, Ciudad Ayala, Morelos, se convirtió en el escenario de una grave violación a los derechos humanos y a la libertad de prensa, cuando oficiales de la policía municipal agredieron violentamente a un periodista y a varios ciudadanos. El incidente ocurrió en las inmediaciones del establecimiento conocido como «El Almacén», donde se desarrollaba un operativo de revisión de motocicletas.
El reportero Paco Cedeño, quien estaba documentando presuntas irregularidades por parte de la policía, fue atacado mientras transmitía en vivo en redes sociales. En su transmisión, Cedeño denunciaba la retención ilegal de motonetas que ya habían sido acreditadas como propiedad legítima. A medida que intentaba ingresar a la comandancia municipal para obtener más información, los oficiales lo agredieron físicamente, despojándolo de su celular y llevándolo a una celda donde continuaron las agresiones. En el video, se escucha a uno de los policías burlarse de Cedeño, diciendo: “Órale, por chismoso”.
El periodista sufrió graves lesiones, incluyendo cuatro fracturas en la nariz, y tuvo que ser trasladado al hospital debido a complicaciones de presión arterial. Cedeño ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Región Oriente por lesiones y obstrucción a su trabajo, y también ha solicitado la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Debido a la falta de confianza en el mecanismo local de protección, ha pedido la activación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El gobierno de Morelos, a través de un comunicado del gobernador en suplencia Samuel Sotelo Salgado, ha prometido realizar las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad de los implicados, mientras que los oficiales han sido retirados de sus cargos. La Fiscalía General del Estado ha abierto una carpeta de investigación y está recabando pruebas, incluyendo una evaluación médica de las lesiones del periodista.
Además, el caso ha revelado un patrón de abuso de autoridad en el municipio. Omar Marín, padre de uno de los menores agredidos, relató cómo él y su familia también fueron víctimas de la violencia policial durante el mismo operativo. Marín describió cómo los oficiales agredieron a los detenidos sin motivo aparente y cómo él y su familia fueron golpeados y humillados.
La falta de respuesta adecuada por parte del municipio y la actitud indiferente de la juez que atendió el caso han agravado la frustración de las víctimas. Marín y su familia han presentado una queja ante Derechos Humanos y están preparando una denuncia formal contra los oficiales involucrados.
Este grave incidente pone en evidencia la urgente necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos policiales y de justicia en la región, para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y se castigue adecuadamente el abuso de autoridad.