Guerrero a 17 de mayo, 2024.- La violencia electoral en México cobra nuevas víctimas: Aníbal Zúñiga, candidato a regidor por el PRI en Coyuca de Benítez, y su esposa Rubí Bravo Solís, fueron brutalmente asesinados en Guerrero.
La violencia electoral en México sigue dejando un rastro de sangre y dolor. Aníbal Zúñiga Cortés, candidato a regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coyuca de Benítez, Guerrero, y su esposa Rubí Bravo Solís, fueron asesinados en un ataque que ha conmocionado a la comunidad y al país entero. Los cuerpos desmembrados de la pareja fueron hallados en la batea de una camioneta en Acapulco, según confirmaron las autoridades locales.
El Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero informó del asesinato a través de un comunicado, en el que exigieron justicia y una investigación exhaustiva para dar con los responsables. «Vivimos, lamentablemente, el proceso electoral históricamente más violento de nuestro país; el retroceso en materia de seguridad es evidente», señaló el partido.
Este trágico suceso se suma a una larga lista de actos de violencia política en México. Según el informe «Votar entre balas», realizado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, en lo que va del 2024 se han reportado 59 ataques contra candidatos, con Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas y Jalisco como los estados más peligrosos para los aspirantes a cargos públicos.
Desde 2018, se han documentado 1,833 ataques político-criminales, de los cuales 224 corresponden únicamente al año en curso. El 2023 fue el año más violento registrado, con 575 casos de violencia política.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado que el Gobierno federal colaborará con las autoridades estatales y municipales para proteger a los candidatos en riesgo. «Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación hacerlo, proteger a los candidatos y a los ciudadanos en general», afirmó el mandatario.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha establecido un protocolo de seguridad en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) para atender las solicitudes de protección de los candidatos en un máximo de 72 horas.