Una pelea por una vivienda terminó en una balacera que dejó a un joven sin vida y a dos personas heridas en Chalco, Estado de México. La Fiscalía local confirmó la vinculación a proceso de Carlota “N” y sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N”, por el delito de homicidio calificado con ventaja.
Los hechos ocurrieron el pasado 1 de abril en la colonia Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, donde un grupo de cuatro personas, entre ellas Carlota y sus hijos, llegó a un domicilio supuestamente invadido. La situación escaló rápidamente y terminó en un tiroteo.
De acuerdo con los reportes oficiales, el grupo llegó en un vehículo gris con la intención de recuperar una vivienda que consideraban de su propiedad. Testigos afirman que la discusión se tornó violenta y Carlota “N” disparó directamente contra uno de los ocupantes del inmueble.
El enfrentamiento fue grabado desde el interior de la casa y se difundió en redes sociales. Luego de las detonaciones, los agresores abandonaron el lugar. Al llegar los servicios de emergencia, confirmaron que un joven de 19 años había fallecido, mientras que un hombre de 51 años y un menor de 14 resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital General de Chalco.
La vinculación a proceso es una etapa clave dentro del sistema de justicia penal. Significa que el juez encontró suficientes elementos para iniciar un juicio formal contra los tres detenidos, quienes enfrentarán el proceso por homicidio calificado mientras se mantiene su presunción de inocencia.
La audiencia se realizó en los juzgados del penal de Chalco y fue ahí donde se determinó que Carlota, Mariana y Eduardo “N” continuarían detenidos mientras avanza la investigación.
Este caso ha puesto sobre la mesa un tema que afecta a miles de personas: la ocupación ilegal de viviendas. Según datos del INEGI, en 2020 existían más de 6 millones de viviendas abandonadas en el país, muchas de las cuales han sido invadidas, generando conflictos legales, enfrentamientos y en casos extremos, hechos violentos como el ocurrido en Chalco.
El Artículo 395 del Código Penal Federal establece que ocupar una vivienda con violencia, amenazas o engaños puede tener consecuencias penales de hasta cinco años de prisión y multas superiores a los 56 mil pesos. Si el despojo es cometido por un grupo o con planeación, las penas aumentan.
Con la vinculación a proceso, ahora se abre un periodo para que el Ministerio Público fortalezca su caso con pruebas. De ser hallados culpables, Carlota “N” y sus hijos podrían enfrentar largas condenas en prisión. Mientras tanto, las víctimas y sus familias esperan justicia.
Este hecho refleja una realidad preocupante: la disputa por viviendas abandonadas en México está cobrando vidas, y urge una respuesta institucional que frene esta creciente violencia.