Por Juan Pablo Ojeda

En el Congreso mexicano hay temas que tarde o temprano revientan por la presión social, y el de las desapariciones es uno de ellos. Esta vez no viene impulsado solo desde los partidos, sino directamente desde quienes cargan el dolor todos los días. La diputada Laura Ballesteros Mancilla puso sobre la mesa una ruta poco común: que los juicios políticos contra Rosario Piedra Ibarra no sean una bandera partidista, sino una herramienta en manos de las víctimas.

La lógica es sencilla, pero potente: si el problema es la falta de justicia, entonces quienes han sido afectados deben tener el control del proceso. Por eso, lo que viene no será un solo juicio político, sino varios, firmados por madres buscadoras, colectivos y familias de personas desaparecidas en todo el país. En términos prácticos, esto significa trasladar la presión política al terreno ciudadano, algo que en México rara vez ocurre con este nivel de organización.

El fondo del conflicto está en la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos frente a las desapariciones. Para la legisladora, la respuesta institucional ha sido insuficiente e incluso negligente, especialmente ante observaciones internacionales. Aquí es donde entra el componente de política pública: cuando una institución no responde, el Congreso tiene mecanismos como el juicio político para exigir rendición de cuentas, pero pocas veces se activan con tanta carga social detrás.

Ballesteros también deja claro que esto no se quedará en el ámbito nacional. La estrategia incluye llevar el caso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la intención de evidenciar fallas estructurales del Estado mexicano en materia de desapariciones. Traducido a lenguaje ciudadano: cuando las instituciones internas no funcionan, se busca presión desde fuera.

En paralelo, la diputada mete el acelerador en otro tema igual de urgente: la aprobación de la Ley General contra Feminicidios. Su argumento es directo: mientras no haya reglas claras, protocolos efectivos y castigos reales, la violencia seguirá repitiéndose. Y aquí aparece otro problema clásico de la política mexicana: las leyes existen o avanzan, pero se quedan atoradas en el proceso legislativo.

Lo que está ocurriendo es un ejemplo claro de cómo se construyen las políticas públicas en México: no siempre nacen desde el escritorio del gobierno, muchas veces surgen de la presión social, del acompañamiento de colectivos y de crisis que obligan a reaccionar. La diferencia ahora es que las víctimas no solo están exigiendo respuestas, están tomando el control del mecanismo.

Porque al final, más allá del debate jurídico, el mensaje es político: cuando el Estado no garantiza justicia, la ciudadanía busca cómo obligarlo a hacerlo.