Las denuncias sobre el hallazgo de un crematorio clandestino en Teuchitlán, Jalisco, han tomado un giro inesperado. Luego de que autoridades federales y estatales permitieran el ingreso al Rancho Izaguirre, donde presuntamente se realizaban incineraciones de personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), colectivos de madres buscadoras acusan que el sitio fue vaciado antes de su inspección.

Inicialmente, el lugar contenía ropa, zapatos y restos incinerados, según reportes preliminares. Sin embargo, al abrirse al público y a los medios de comunicación, estos rastros ya no estaban. Ante esto, Eduardo Verástegui, político de ultraderecha, arremetió contra el gobierno, asegurando que la desaparición de pruebas es un intento por encubrir el caso.

Verástegui: “Son unos desgraciados”

Desde su cuenta en 𝕏, el también activista acusó directamente al Estado de borrar evidencia clave en el caso Teuchitlán:

«Desaparecieron las pruebas y le pagaron a opinólogos para lavarles la cara. ¡México no lo va a olvidar! Esto les va a costar MUY CARO.»

Sus declaraciones han generado reacciones divididas, con sectores que apoyan sus denuncias y otros que cuestionan su credibilidad y uso político del tema.

Indignación de madres buscadoras

Los colectivos de madres que buscan a sus familiares desaparecidos también expresaron su frustración ante la falta de transparencia en la investigación. Varias de ellas denunciaron que las autoridades se llevaron los restos antes de permitir su ingreso, dejándolas sin la posibilidad de identificar a sus seres queridos.

«Nos abrieron la puerta de un rancho vacío. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde está la ropa que encontraron? Nos están robando la verdad.» – reclamó una de las madres presentes en el lugar.

Encubrimiento o procedimiento oficial

Hasta el momento, las autoridades no han respondido directamente a las acusaciones de encubrimiento. Sin embargo, se argumenta que los indicios encontrados fueron trasladados a laboratorios forenses para su análisis.

El caso sigue en desarrollo, y la presión pública aumenta para que se esclarezca si hubo una manipulación de la escena del crimen. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen exigiendo respuestas.