Urgente, reforzar trabajos con grupos afectados por el VIH-Sida, particularmente en las cárceles: Gabriela Sodi

Ciudad de México, 9 de mayo de 2023.- La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Gabriela Sodi Miranda (PRD) consideró que es urgente reforzar trabajos con grupos afectados por el VIH-Sida, particularmente en las cárceles.

Asimismo, dijo que se deben esclarecer las consecuencias de las decisiones tomadas por el Ejecutivo Federal al desaparecer 109 fondos y fideicomisos, entre ellos, los destinados a respaldar a mujeres de las que se estima que, 17 de cada cien, carecen de tratamientos para controlar ese padecimiento.

En el marco del Foro “Madres, Mujeres y Personas con VIH–Sida; Realidades y Retos”, la legisladora federal dijo que es fundamental que el Congreso de la Unión mantenga encuentros de este carácter para conocer las problemáticas y necesidades existentes en el sistema penitenciario.

Lo anterior, subrayó., con el objetivo de coadyuvar en la eliminación de estigmas y discriminación, garantizando a su vez los derechos humanos y cumplir las leyes nacionales e internacionales en la materia.

Sodi Miranda pidió a las asociaciones, activistas y expertos compartir sus conocimientos “a quienes tenemos que legislar sobre dichos temas, y conocer los impactos y alcances de nuestras decisiones al momento de dictaminar”.

Recordó que, “internacionalmente, se nos ha señalado de que vamos en retroceso y no estamos cumpliendo lo establecido como Estado parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030”.

En este sentido, agregó que es de conocimiento público que el titular del Ejecutivo Federal giró instrucciones a su gabinete legal y ampliado de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical o civil, lo cual derivó en suspender «arbitrariamente» el financiamiento a diversos programas, a través de los cuales organizaciones suplen la falta de atención y eficacia de los poderes.

Sodi Miranda detalló que el Gobierno Federal justificó la estrategia de “negociación y prescripción de adquisición de medicamentos retrovirales” bajo el argumento de que “representaría un ahorro” al presupuesto, pero lo que no tomó en cuenta es que con ello se dejaron de implementar campañas y políticas públicas en materia de prevención.

Así como la realización de pruebas de detección de VIH–Sida; labor que realizaban las organizaciones de la sociedad civil, y que actualmente siguen haciendo, pero en menor cantidad por la falta de apoyo.

“Es obvio, evidente, que tenemos un descenso del 55 por ciento de la cobertura de todos estos ejercicios que las organizaciones de la sociedad civil implementaban en apoyo para estas circunstancias”, recalcó.

Sodi Miranda señaló que esta problemática de salud pública es preocupante y se requiere visibilizar las necesidades de este grupo, ya que, de acuerdo a los datos del Centro Nacional para la Prevención o el Control de VIH y el Sida (Censida), en México siete de cada 10 personas saben que tienen dicha enfermedad por lo que existe, al menos, 30 por ciento, de personas sin ningún tipo de tratamiento ni información.

Recordó que en los últimos tres años diferentes organizaciones civiles y medios de comunicación han denunciado el desabasto de medicamentos contra el VIH–Sida en el sistema público de salud, ocasionando la interrupción en pruebas y tratamientos, colocando a las personas portadoras en una situación de riesgo y vulnerabilidad en el país.

Refirió que, de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población femenina en penales federales, estatales y centros de reclusión para adolescentes, asciende a 12 mil 420 personas privadas de su libertad.

De ellas, dijo, 6 mil 564 no tienen una sentencia y así se enfrentan a una vida de encierro, abandono y sin atención médica, con una violación sistemática a sus derechos humanos y su dignidad humana.

Mencionó que en los 319 centros penitenciarios, tanto federales, como estatales, la problemática para las mujeres es la misma: la falta de acceso a servicios médicos, ya que sólo 289 de esos centros cuentan con consultorios médicos y 59 con hospitales.

Además, únicamente 217 tienen camas hospitalarias, y en 212 hay áreas de atención psicológica y psiquiátrica.

La diputada enfatizó que en la actual Legislatura se ha insistido en atender a las mujeres en reclusión, sobre todo, las madres, para que puedan tener medicamentos y los espacios necesarios para sus hijos.

«Ellas son el único grupo que cumple con su sentencia completa o nunca son sentenciadas, pero sí sustituidas como madres, esposas, hijas y, más aún, si tienen VIH–Sida, son hasta excluidas del mismo Sistema Penitenciario», concluyó.

Al foro asistieron la diputada María Clemente García Moreno (Morena), así como Ricardo Baruch, Hilda Pérez, Carlos Ahedo, Antonio Medina, Mariana Lácono, Hilda Esperanza Esquivel Cerda, Rodrigo Moheno, Corina Martínez y Carlos Hernández.

También, activistas y representantes de organizaciones como el Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, el Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH–CNDH/Conapred y Redes de Mujeres con VIH en Latinoamérica ICW.