CDMX a 21 de octubre, 2022.- La mayor parte de personas extranjeras acusadas de cometer delitos federales en México son de origen estadounidense, reveló el Informe Anual 2021-2022 del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) del Poder Judicial de la Federación, un organismo público que ofrece representación jurídica gratuita para la población menos favorecida del país.
Los datos presentados en el documento indican que, entre junio de 2021 y mayo de 2022, la Defensoría Pública otorgó 1.526 servicios de representación a personas extranjeras, de las que 790 correspondieron a estadounidenses. Esto significa que una de cada dos personas extranjeras que delinquió proviene del país norteamericano.
En cambio, los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos a través de México, suelen ser víctimas del crimen organizado y de policías locales.
«Lo explicamos año tras año: las personas extranjeras que son acusadas de cometer delitos federales en México, tienen nacionalidad norteamericana (alrededor del 50% de los casos) mientras que otras nacionalidades se quedan muy atrás. La migración que viene del sur no es peligrosa», mencionó al respecto Netzaí Sandoval, titular del IFDP, a través de su cuenta de Twitter.
Adicionalmente, los delitos con mayor representación, según el IFDP, fueron los que se cometieron en contra de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con un total de 923 casos atendidos.
Ante la creciente epidemia de violencia armada que afecta a México, documentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante las dos demandas en contra de armerías estadounidenses, las cifras del IFDP pueden interpretarse en el contexto del trasiego ilegal de armas que se realiza desde Estados Unidos hacia el país latinoamericano.
Explican la doctora Sandra Kanety Zavaleta Hernández, profesora en el área de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. Y con el doctor Javier Oliva Posada, experto en temas de seguridad y profesor-investigador en la misma casa de estudios.
La frontera y el tráfico ilegal de armas
El tráfico hormiga es la modalidad principal del trasiego de armas hacia México, según un informe publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados. Es decir, «a través de ciudadanas o de ciudadanos, ya sea estadounidenses o mexicanos», las armas se trasladan de poco en poco.
Una de las aristas para entender la problemática, enfatiza Zavaleta Hernández, es que a través de la frontera entre ambos países existe un tránsito y una comercialización de bienes «relativamente natural», lo que permite que «mercancías incluso de carácter ilegal, como las armas o la droga, pues transiten fácilmente». Al ser una frontera tan amplia, de más de 3.000 kilómetros, que no es monitoreada permanentemente, «digamos que es porosa como cualquier otra frontera de países en el mundo, eso podría explicar un tráfico de armas tan elevado como el que se ve en México».
Para entender el desafío que representa la frontera en el trasiego de armas, Oliva Posada menciona que «tecnológicamente hablando, no hay forma de escanear todos los coches que pasan ni de México a Estados Unidos ni de Estados Unidos a México». Mientras que los chequeos, agrega, se tienen que realizar de forma aleatoria, además de que muchas de las armas ingresan desmontadas, lo que hace más difícil que estas puedan rastrearse.
«En los puertos del Océano Pacífico de México se mueven poco más de 100.000 contenedores al día, no hay forma tecnológica de poder detectar el trasiego de precursores químicos, por ejemplo, [aunque] ocasionalmente se pueden detener algunos, por eso es tan importante la labor ya al interior de la geografía de México, en este caso en los estados de la frontera, me refiero al norte y al centro-norte, pues, para la detección de este tráfico de armas», explica Oliva Posada.
Tráfico hormiga y compradores de paja
Si bien el tráfico ilegal de armas tiene diversos orígenes, uno de los más estudiados es el relacionado con los «compradores de paja» (straw purchaser), personas con derecho a comprar armas legales, en tiendas oficiales de venta de armas, que las revenden a otras personas para traficarlas en México.
El pago que estos traficantes hormiga reciben de las organizaciones criminales por cruzar armamento hacia México, va desde los 100 dólares por un paquete de 50 balas, hasta 2.000 dólares por un rifle automático, continúa el estudio.
El caso de Isaac Hernández, un ciudadano estadounidense con residencia en México que, en tan sólo dos años, introdujo al país latinoamericano 231 pistolas de calibres 9 mm, .380 y .22, podría ser un ejemplo de esta modalidad de compra-venta para el tráfico ilegal.
Al respecto, Kanety explica que gracias a la Segunda enmienda de la Constitución estadounidense, una legislación de 1791 que le otorga el derecho a la ciudadanía de portar armas, hay muy poca regulación en la venta de armas y casi cualquier estadounidense puede adquirir o vender una sin la necesidad de presentar identificación.
«No sólo se venden en las armerías, digamos que no tienen necesariamente un control muy riguroso para venderlas, sino que también se pueden encontrar en ferias, en centros comerciales, en los propios estacionamientos».
Estos eventos, conocidos como gun shows, consisten en ferias informales en las que los aficionados a las armas se reúnen en lugares públicos para comprar y vender estos productos. Uno de los principales Estados en donde se realizan es Texas, que, de acuerdo con el CESOP, concentra más de 10.000 licencias para la venta de armamento y, además, es la entidad en la que se ha llevado a cabo el mayor número de tianguis de armas en todo Estados Unidos.
Sobre este tema, el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), David Pérez Esparza, señaló en una entrevista que los gun shows «representan una importante amenaza y un riesgo para la seguridad en México», especialmente porque estos eventos suelen ser las fuentes más comunes del tráfico hacia México.
Trasiego de armas, problema de seguridad
En cuanto a las implicaciones que el tráfico de armas tiene para la seguridad en México, Kanety explica que aproximadamente 340.000 son usadas anualmente en crímenes en México.
«El 90% son provenientes de Estados Unidos, llegan de forma ilegal. Y si hacemos un poco la conversión, estamos hablando de 900 armas al día, casi 40 armas por hora, que ha aumentado muchísimo», precisa la académica.
Mientras que, en la década de 1990, 15 de cada 100 crímenes que se cometían en el país latinoamericano eran con armas ilegales, para el 2018 y 2019, ya eran 70 de 100, añade la especialista en temas de armas y seguridad. En tanto que, actualmente, se habla de 90 de cada 100, aproximadamente.
«O sea, cada vez son más armas las que ingresan de forma ilegal, pero también cada vez en México son más personas las asesinadas con armas de fuego. Armas de fuego, que evidentemente tienen que venir de algún lugar: 90% de Estados Unidos, por la facilidad de compra y venta, y también por los candados que en México hay para adquirir armas. Es fácil hacer esta relación de que gran parte de los crímenes se cometen con armas provenientes de Estados Unidos y no necesariamente las que se pueden comprar en México», indica Kanety.
A lo anterior hay que agregar lo que, en términos técnicos, se conoce como la «cadencia de fuego«, que consiste en la potencia y velocidad de las armas, lo cual las vuelve «tremendamente poderosas», aun cuando los usuarios no las sepan manejar adecuadamente.
«Entonces con esas armas y con policías municipales sin capacidad de respuesta o de defensa, pues nos encontramos en una ruta si no de afectación a la seguridad nacional, en algunas partes del país, una afectación a la seguridad interior», declara.
En concordancia con lo anterior, Kanety señala que está comprobado que el armamento ilegal, «además, de grueso calibre», producido por las armerías estadounidenses, está en manos de grupos como los Zetas, la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco, algo que también señala la cancillería mexicana en la segunda demanda contra vendedores de armas.
«Es un poder que definitivamente rebasa a los cuerpos policiales, los cuerpos militares por el tipo de armas a las que tienen acceso. Se ha comprobado que lo mismo pueden comprar ilegalmente una pistola o 231, como el ciudadano estadounidense, pero también lanzacohetes, ametralladoras, fusiles, lanzagranadas, que son armas que difícilmente pueden hacer frente por parte del Estado mexicano», puntualiza la investigadora.