Por Juan Pablo Ojeda
En un giro inesperado en la política mexicana, Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha dado un paso poco común al unirse a una manifestación en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Piña, conocida por su papel en la máxima corte del país, fue vista caminando y entonando consignas junto a trabajadores del Poder Judicial que están preocupados por los cambios impulsados por la bancada de Morena y sus aliados en el Congreso.
La presencia de la ministra en la protesta no pasó desapercibida. Vestida con una camiseta que expresaba su apoyo al PJF, Piña fue recibida con entusiasmo por los manifestantes, quienes la vitorearon con gritos de apoyo. La imagen de la ministra uniéndose a los gritos de «¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!» rápidamente se convirtió en símbolo de resistencia frente a las reformas en discusión.
La manifestación también atrajo la atención de figuras políticas que se oponen a lo que se conoce como la Cuarta Transformación. La diputada Paulina Rubio del PAN mostró su apoyo a la ministra Piña en redes sociales, destacando su compromiso con la defensa del Poder Judicial y contrastándolo con lo que ella percibe como una cercanía de la ministra Loreta Ortiz con Morena.
El exdiputado Fernando Belaunzarán también expresó su admiración por la valentía de Piña, calificando su participación en la marcha como una acción “insólita” pero necesaria para defender la independencia y carrera judicial. Belaunzarán aplaudió a la ministra por apoyar a los trabajadores en lugar de ceder a las presiones políticas.
En medio de este revuelo, Piña ha consultado a otros ministros de la SCJN sobre la posibilidad de detener el proceso de reforma al Poder Judicial, luego de recibir escritos solicitando la suspensión del procedimiento. La discusión se centra en si la SCJN tiene la facultad para intervenir en el proceso legislativo en curso.
Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro al afirmar que la SCJN no tiene base constitucional para frenar la reforma. Desde su conferencia de prensa, López Obrador aseguró que cualquier intento de intervención sería una arbitrariedad y afectaría la vida pública, considerándolo una aberración.
Este viernes 8 de septiembre, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos se reunirán para discutir el dictamen, y el 10 de septiembre se llevará a cabo una sesión plenaria en el Senado para abordar el tema. En caso de no poder realizarse en la sede principal, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha sugerido alternativas como la Casona de Xicoténcatl, el Centro Bancomer o el Centro Banamex.
Mientras tanto, la tensión sigue en aumento, y todos los ojos están puestos en cómo se desarrollará esta disputa entre los poderes del Estado y el futuro del sistema judicial en México.