Por Juan Pablo Ojeda

En México, miles de mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica, una realidad que, hasta ahora, no ha tenido el marco legal adecuado para sancionar y prevenir este tipo de abusos. Sin embargo, esto podría cambiar gracias a una nueva iniciativa promovida por la diputada María Teresa Ealy Díaz, integrante de la Comisión de Igualdad de Género de Morena. Esta propuesta, que ha recibido el respaldo de más de 60 legisladoras y legisladores de distintas bancadas, busca introducir reformas a la Ley General de Salud con el fin de sancionar la violencia gineco-obstétrica y proteger los derechos reproductivos de las mujeres en todo el país.

La violencia obstétrica no es algo que muchas veces se identifique de inmediato, pero sus consecuencias son devastadoras. Se trata de un tipo de maltrato físico, psicológico y emocional que se da durante el embarazo, el parto o el puerperio, que son momentos clave en la vida de cualquier mujer. Según la diputada Ealy, la propuesta de reforma tiene como objetivo crear un sistema de salud que respete los derechos de las mujeres y garantice que reciban atención médica digna, sin maltratos ni discriminación.

En una conferencia de prensa, acompañada por la colectiva “Con Ovarios”, que jugó un papel crucial en la creación de esta propuesta, la diputada lamentó la falta de un marco legal que castigue estas prácticas y resaltó que una de las prioridades de la iniciativa es reforzar el principio del consentimiento informado. Este principio es esencial para que las mujeres tengan la autonomía de decidir sobre su propio cuerpo, sin que sus decisiones sean tomadas por otros sin su consentimiento explícito.

La propuesta también busca la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, específicamente sobre la regulación de los expedientes clínicos, y plantea una definición interseccional del derecho a la salud, considerando el enfoque de género, la infancia y los derechos humanos. De igual manera, se plantean medidas para capacitar al personal de salud, incluyendo médicos, enfermeras y trabajadores administrativos, con el objetivo de garantizar que todas las mujeres reciban un trato digno y sin discriminación.

Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es que propone sanciones claras para el personal médico que cometa abusos relacionados con los derechos reproductivos de las mujeres, ya sea mediante intervenciones quirúrgicas innecesarias, tratamientos negligentes o cualquier tipo de maltrato. Además, se enfocará en proteger a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, asegurando que sus decisiones sean respetadas en todo momento.

Yulieba Gómez Islas, abogada del despacho “Nassar Nassar y Asociados”, subrayó en la conferencia que la violencia gineco-obstétrica no debe verse como un tema aislado de violencia de género, sino como una violación directa al derecho a la salud. Esta perspectiva es clave para entender la magnitud de la reforma, que no solo busca proteger a las mujeres, sino también garantizar que tengan acceso a un sistema de salud más justo e igualitario.

Además, los representantes del colectivo “Con Ovarios” señalaron que esta iniciativa nació de las experiencias de mujeres que, tras haber sido víctimas de violencia obstétrica, se unieron para exigir justicia. Como explicaron, su lema es claro: “con las mujeres no, con los bebés menos”. En esta lucha por la dignidad y los derechos reproductivos, no solo se busca sancionar, sino también cambiar la cultura de atención en el sector salud.

A la conferencia también asistieron los diputados Felipe Miguel Delgado Carrillo y Ricardo Astudillo Suárez, del PVEM, quienes expresaron su apoyo a esta iniciativa. Delgado Carrillo destacó que esta lucha es en defensa de la vida, ya que un evento tan significativo como el parto no debe estar sujeto a la agenda personal de un médico. Por su parte, Astudillo Suárez enfatizó que esta es una “iniciativa histórica” que busca poner fin a un problema que ha causado mucho daño a muchas mujeres y familias, asegurando que se regulará y prohibirá la violencia obstétrica en el país.

Con esta propuesta, el Congreso Mexicano da un paso importante hacia la construcción de un sistema de salud más justo, donde las mujeres puedan vivir su embarazo, parto y puerperio sin miedo a sufrir maltratos y violaciones a sus derechos fundamentales. Sin duda, esta iniciativa marca un hito en la defensa de los derechos reproductivos en México.