Por Bruno Cortés
Imagina que la Suprema Corte de Justicia, ese órgano que se supone debe interpretar la ley y garantizar la justicia, se encuentra en una encrucijada. El diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, ha lanzado una iniciativa que podría cambiar las reglas del juego. Su propuesta busca dejar claro cuáles son los límites y competencias de la Corte, especialmente cuando se trata de las reformas constitucionales que emergen del Congreso. La idea es sencilla: el pueblo tiene la última palabra, y ocho personas no deberían tener el poder de contradecir esa voz.
En un reciente comunicado, Gutiérrez Luna argumentó que la Suprema Corte no debería meterse en asuntos que son, en esencia, decisiones democráticas. Cuando el Congreso, respaldado por la mayoría del pueblo, decide hacer cambios a la Constitución, esos cambios deben ser respetados. Según el diputado, es inaceptable que la Corte intente posicionarse por encima de esa voluntad popular, especialmente cuando ya se ha tomado una decisión en el Congreso. “La Corte no puede estar revisando reformas que ya son ley”, enfatizó.
La propuesta también tiene un enfoque práctico: busca evitar que la Corte se vea atrapada en disputas políticas o ideológicas que no le competen. Gutiérrez Luna sostiene que la autonomía del Poder Judicial es fundamental para la estabilidad del sistema. Al limitar las competencias de la Corte, se pretende que esta se concentre en resolver controversias internas, sin interferir en el poder que tiene el Congreso para realizar reformas.
Además, el diputado recalca que este tipo de reformas son manifestaciones de la soberanía popular, lo que significa que deben ser respetadas y no estar sujetas a la interpretación de la Corte. “Las reformas constitucionales no deberían ser un tema de controversia judicial”, subrayó. En otras palabras, el mensaje es claro: la voz del pueblo, expresada a través de sus representantes, debe prevalecer.
Con esta iniciativa, Gutiérrez Luna no solo busca aclarar el papel de la Corte, sino también fortalecer el Estado de Derecho en México. Es un intento por garantizar que el Poder Judicial actúe de manera objetiva y transparente, sin injerencias externas que puedan desestabilizar el sistema.
Así que, si esta reforma avanza, podría marcar un hito en la relación entre el Congreso y la Suprema Corte, reafirmando que en una democracia, la voz del pueblo debe ser lo más importante. La pregunta ahora es: ¿qué impacto tendrá esta propuesta en el panorama político y judicial del país?