Por Bruno Cortés
En un giro inesperado en el mundo político mexicano, el diputado Rubén Moreira Valdez, líder del grupo parlamentario del PRI, ha lanzado una fuerte crítica a la reforma constitucional que impulsa el partido Morena. Esta propuesta, que busca limitar las impugnaciones a reformas constitucionales, ha levantado alarmas sobre la salud de la democracia en el país. Moreira califica la situación como «grave, regresiva y hecha a modo», asegurando que su bancada votará en contra.
El debate se ha intensificado, y Moreira no se ha guardado nada. En una reciente rueda de prensa, dejó claro que los recursos legales que se están interponiendo contra la reforma judicial actual son legítimos. Según él, Morena sabe que sus modificaciones pueden ser detenidas por jueces y ministros, lo que lo lleva a sospechar que esta contrarreforma es un intento de proteger lo que él llama un «atraco» legal.
El diputado argumenta que la propuesta de Morena no solo evade el control judicial, sino que también ataca principios fundamentales como la presunción de inocencia y busca limitar las herramientas legales de los ciudadanos para impugnar decisiones del gobierno. «Quieren aislar a México», afirma, y advierte que esto podría tener un impacto desastroso en la democracia y en los derechos humanos del país. Para Moreira, la reforma no es solo innecesaria; es un mal mensaje que puede afectar a los sectores más vulnerables, que son quienes, en última instancia, sufrirán las consecuencias de estas decisiones.
Además, cuestiona la intención de Morena de desplazar al Poder Judicial y recuerda que, en el fondo, los que tienen recursos siempre encontrarán formas de defender sus intereses, ya sea en tribunales extranjeros o emigrando. En este contexto, hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe y declare inconstitucional la reforma al Poder Judicial, pues teme que se esté poniendo en riesgo la estructura federal del país.
Moreira también se pronunció sobre la falta de voluntad de Morena para acatar las resoluciones judiciales, algo que, según él, es un doble estándar que no debería permitirse. En este clima tenso y lleno de incertidumbre, el PRI ha decidido no participar en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, argumentando que no quieren ser cómplices de lo que consideran una farsa legislativa.
La situación en el Congreso mexicano es un recordatorio de que las decisiones políticas pueden tener repercusiones profundas en la vida diaria de los ciudadanos, especialmente en tiempos de cambio. Mientras los debates continúan y las posturas se endurecen, la pregunta sobre cómo se defenderán los derechos y la democracia en México queda flotando en el aire. ¿Qué pasará si la reforma de Morena avanza? Solo el tiempo lo dirá, pero las voces críticas ya están alzando la mano para alertar sobre lo que podría ser un punto de no retorno en la política mexicana.