CDMX a 8 de agosto, 2024.- Este jueves se llevó a cabo en Culiacán, Sinaloa, el noveno y último foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, organizado por la Cámara de Diputados. Este foro reunió a diversas voces que expresaron sus puntos de vista sobre la impartición de justicia, la seguridad pública y las reformas necesarias para mejorar el sistema judicial en México.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a través de un video, enfatizó que la reforma propuesta busca asegurar que las decisiones de los jueces sean imparciales y apegadas a los derechos humanos. «La reforma será un parteaguas en la historia contemporánea de México», aseguró Rodríguez, subrayando la necesidad de recuperar la credibilidad del sistema judicial. Además, destacó la importancia de mecanismos ágiles para otorgar preliberaciones y amnistías a grupos vulnerables, como indígenas, mujeres y personas con enfermedades terminales.
Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, planteó que la reforma debe incluir un presupuesto más federalista y asegurar que los ciudadanos tengan acceso a una defensa justa, incluso si no pueden pagar un abogado particular. Moreira subrayó que la reforma debe enfocarse en mejorar la justicia, no solo en modificar la estructura del Poder Judicial.
Ernestina Godoy Ramos, senadora electa, propuso que quienes ocupen cargos de magistrados, ministros y jueces, deben ser evaluados tanto por su calidad moral como por su profesionalismo. Abogó por capacitaciones rigurosas antes de que los funcionarios tomen protesta y por reformas que garanticen procesos judiciales rápidos y eficientes.
Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal, resaltó la necesidad de una reforma profunda para que el Poder Judicial en México responda a las demandas de la sociedad por una justicia eficiente y accesible. «La pésima imagen del Poder Judicial debe ser transformada», afirmó, destacando que la reforma debe renovar el sistema desde sus cimientos.
Sara Bruna Quiñonez Estrada, fiscal general de Sinaloa, mencionó que el sistema de justicia enfrenta críticas por ineficacia y corrupción, señalando que la reforma es urgente pero compleja. Propuso la creación de tribunales especializados en temas como corrupción, derechos humanos y violencia de género, y subrayó la importancia de fortalecer las fiscalías con más recursos y mejor capacitación.
Germán Adolfo Castillo Banuet, titular de la Fiscalía de Control Regional de la Fiscalía General de la República, expresó su apoyo a la reforma, subrayando que el proceso penal depende de las autoridades judiciales, y no solo del Ministerio Público. Castillo Banuet enfatizó la necesidad de aumentar el presupuesto para agentes investigadores y policías ministeriales.
Mónica Ferreyra García, abogada y litigante especializada en temas agrarios, abogó por la inclusión de juristas con perfil indígena en el Poder Judicial. Destacó la importancia de elegir jueces indígenas bajo principios de pluralismo e interculturalidad, y pidió la defensa de territorios y recursos naturales para las comunidades indígenas.